El Gobierno oficializó el Decreto 1203/2026, que establece un programa de retiros voluntarios para empleados de la Administración Pública Nacional. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la medida y convocó a una movilización para el miércoles 21 de octubre a las 17 en la Quinta de Olivos.
El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados de la Administración Pública Nacional mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma fue firmada por el Presidente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una movilización a la Quinta de Olivos para el miércoles 21 de octubre a las 17, bajo la consigna «No se aguanta más». El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, calificó la iniciativa como un «despido extorsivo».
«No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social», afirmó Aguiar en un comunicado.
Aguiar también cuestionó que los cargos eliminados no puedan volver a cubrirse y advirtió: «no podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado, que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia».
El titular de ATE puso en duda que el objetivo sea únicamente reducir el gasto público. «Esto no lo están haciendo para ahorrar porque pagan miserias para que te vayas y después contratan una consultora de Sturzenegger para que haga lo mismo que hacías vos pero cobrando millones de dólares por mes», expresó.
En tal sentido, afirmó: «Recordemos que en los ’90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió y los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque».
Entre los motivos de la movilización, ATE enumeró la caída del salario real, las paritarias por debajo de la inflación, la falta de renovación de contratos, la incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
«Si es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre», planteó Aguiar.
Anticipó también que buscará enfrentar el programa con medidas de acción directa. «La Casa Rosada está vacía. No la pisan desde hace meses. Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar», sostuvo el dirigente.
Alcance del régimen de retiros voluntarios
El régimen quedó establecido mediante el Decreto 1203/2026. Su inscripción estará abierta entre el 1° y el 30 de noviembre, con la posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días corridos. Está dirigido al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo que se desempeñen en las jurisdicciones alcanzadas por la norma.
Abarca a trabajadores de las áreas centralizadas del Poder Ejecutivo, como ministerios y secretarías. No incluye a los contratados transitorios ni alcanza a organismos descentralizados como la ANSES, que tienen estructuras jurídicas propias.
También quedan excluidos, entre otros sectores, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior de la Nación y quienes se desempeñen en el Sistema Federal de Manejo del Fuego. La norma contempla otras exclusiones específicas, como determinados cargos docentes y personal de orquestas, coros y ballets nacionales.
El programa establece distintas modalidades de compensación económica según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad.
El artículo 16 del anexo señala que la solicitud «no generará el derecho a su aprobación por parte de la Administración Pública Nacional». Además, las autoridades podrán rechazar los pedidos cuando consideren que es necesario garantizar la continuidad, regularidad y eficacia de los servicios a cargo del área.
Uno de los puntos centrales del régimen es que los puestos de quienes se retiren serán eliminados. El artículo 15 establece que la reducción de personal que se produzca como consecuencia del programa «no podrá utilizarse para sustentar la incorporación posterior de nuevo personal».
Además, quienes acepten la propuesta no podrán volver a incorporarse al Sector Público Nacional durante ocho años desde la fecha de baja. El artículo 14 establece que no podrán hacerlo «bajo ninguna modalidad de empleo o contratación de servicios u obra» e incluye cargos jerárquicos, asesorías y otras formas de vinculación con el Estado.
Paralelamente, el artículo 2 excluye a quienes estén procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional, tengan determinados sumarios administrativos pendientes o hayan iniciado reclamos judiciales o administrativos contra el Estado por su relación laboral. También quedan excluidos quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o cumplan con los requisitos, entre otros supuestos.
Otro punto es que quienes tengan un mandato sindical vigente y quieran acceder al retiro deberán presentar su renuncia como delegados ante el sindicato correspondiente.
Cómo se calcularán las compensaciones económicas
El decreto divide a los trabajadores en tres grupos y fija condiciones diferentes para cada uno:
- El primer grupo incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán elegir entre un pago único o una gratificación mensual equivalente al «60% de la remuneración mensual bruta» durante un máximo de 36 meses. El pago único tendrá un tope de 18 salarios y no podrá superar el monto correspondiente al tiempo que les falte para acceder a la jubilación.
- El segundo grupo incluye a mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 con al menos 30 años de aportes. Recibirán una remuneración por cada año de antigüedad, con un tope de 18 salarios y el límite correspondiente al tiempo que les falte para jubilarse, más un adicional de «cinco remuneraciones mensuales brutas», sin importar la antigüedad.
- El tercer grupo comprende a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La compensación será de una remuneración por cada año de antigüedad, con un máximo de «20 remuneraciones mensuales brutas». Además, recibirán «cuatro remuneraciones mensuales brutas» si tienen menos de 15 años de servicio y «cinco remuneraciones mensuales brutas» si alcanzan o superan esa antigüedad.
Para los pagos únicos, el decreto establece que, si la compensación no supera los $20 millones, se abonará en una sola vez. Si el monto es mayor, se pagará en cuotas de hasta $20 millones, con un máximo de tres cuotas y el saldo restante en la última.
La norma también establece que la solicitud de retiro deberá ser evaluada por las autoridades correspondientes. Una vez vencido el plazo de inscripción, tendrán hasta 40 días corridos para expedirse. Si no hay una aceptación expresa dentro de ese período, el pedido se considerará rechazado y el vínculo laboral seguirá vigente.