El oficialismo acordó con Unión por la Patria y Provincias Unidas un dictamen que establece requisitos para las pensiones, un cronograma de pagos a prestadores y la actualización del nomenclador. La sesión continúa esta noche.
La Cámara de Diputados debate este miércoles un proyecto de ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) acordó un dictamen con el respaldo de sus aliados habituales, de Unión por la Patria (UP) y de Provincias Unidas, según informaron fuentes legislativas.
El texto, que fue modificado durante la jornada, establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora eran dispuestos por el Poder Ejecutivo. Entre ellos se incluyen contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
Además, mantiene la vigencia de la Ley 26.816 de empleo protegido y refuerza el respaldo presupuestario: en caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. También dispone que los recursos por beneficiario no pierdan valor frente a la inflación.
En cuanto a la deuda con los prestadores, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que actualmente rondan los $278.323 millones, de acuerdo con lo indicado en el dictamen.
El proyecto garantiza a los beneficiarios de pensiones por invalidez el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud y la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación.
El diputado Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) presentó un dictamen que incorporó aportes de distintos bloques. Durante la sesión, reclamó al Gobierno que retire el capítulo VI del proyecto de presupuesto, que incluye derogaciones y modificaciones contrarias a la iniciativa, entre ellas la del artículo 7 bis de la ley de emergencia en discapacidad, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La diputada Sabrina Selva (UP) afirmó: “Hoy el Congreso le da la respuesta a los colectivos, pero hay que lograr una respuesta por parte del Presidente”, y reclamó la eliminación expresa de los artículos cuestionados.
Según pudo saber LA NACION, autoridades del Episcopado se reunieron ayer a última hora con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación por la situación y reclamar al Gobierno que cierre un acuerdo que dé respuesta a las demandas del colectivo de discapacidad. La intervención de la Iglesia se produjo después de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, donde se expresaron dudas internas sobre el respaldo a la iniciativa por su costo fiscal.
Este miércoles, la Comisión de Pastoral Social fijó su posición sobre el debate legislativo y expresó su preocupación por los recortes que sufrió el área durante la gestión de Javier Milei.