El Departamento de Estado anunció este jueves nuevas restricciones de visa para 15 ciudadanos bolivianos y sus familiares directos, incluyendo dos diputados y un exfiscal general, en el marco de medidas contra presuntos actos de corrupción y narcotráfico.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de restricciones de visa a otros 15 ciudadanos bolivianos y sus familiares directos, entre ellos dos diputados y un exfiscal general. Según Washington, estas medidas están dirigidas a personas que mediante supuestos actos de corrupción y narcotráfico socavan la democracia.
La medida se produce casi un mes después de que se revocara el visado a un primer grupo que incluyó al entonces fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien posteriormente fue destituido y encarcelado preventivamente por presuntos nexos con el narcotráfico.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump «apoya al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluyendo en sus tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos», indicó una declaración del Departamento de Estado.
Entre los ciudadanos a los que se les restringió la visa figuran los diputados Rafael Darío López, de la fuerza opositora Libre, y Rolando Santos Pacheco, de la opositora Alianza Popular. También el exfiscal general Juan Lanchipa (2018-2024), el exfiscal de la región amazónica de Beni, Felix Bardelas, y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, entre otros.
El 22 de septiembre, Estados Unidos revocó las visas a un grupo de exfuncionarios y sus familiares bolivianos, así como del entonces fiscal general Mariaca por acusaciones de presunta corrupción. La Asamblea Legislativa cesó de su cargo a Mariaca, mientras que un juez le dictó prisión preventiva por seis meses en la región sureña de Potosí.
Mariaca, designado en 2024 durante el gobierno izquierdista de Luis Arce (2020-2025), es acusado de supuestamente proteger al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado y entregado a la DEA estadounidense en marzo pasado y quien vivía y operaba en el oriente boliviano mientras era buscado en varios países del continente, según las autoridades.