La iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados con 237 votos a favor ya está en la Cámara alta. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, manifestó su intención de convertirla en ley durante noviembre.
El proyecto de «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad» ingresó al Senado el 23 de octubre, después de obtener media sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada del miércoles 22. La votación en la Cámara baja fue de 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, declaró que su intención es que el proyecto se convierta en ley durante el mes de noviembre. Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), Bullrich busca no demorar la aprobación de la iniciativa.
El proyecto incorpora casi la totalidad de los beneficios de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793), que vence a fin de año, y le quita el carácter de emergencia y transitoriedad para convertirlo en una norma de orden público con efectos permanentes.
Entre los puntos que se mantienen se encuentran: la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles; el principio de nomenclador único; la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC); y la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior. Además, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo. También se incorporó una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del Poder Ejecutivo.
El proyecto generó divisiones al interior del Gobierno nacional. El sector económico, identificado con el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo, resiste la iniciativa por el costo fiscal que implicaría. Según NA, este sector avaló la redacción del proyecto de Presupuesto 2027 que proponía eliminar el nomenclador único y el arancel unificado para prestadores, derogar el mecanismo de actualización mensual de los aranceles, suprimir la compatibilidad entre el cobro de pensiones y el empleo formal y regresar al paradigma médico restringido a la invalidez laboral.
La diputada Laura Rodríguez Machado, cercana a Bullrich, negoció con las fuerzas dialoguistas una propuesta «superadora» de la ley de emergencia. Ante la versión del Presupuesto que desconocía los compromisos asumidos, Bullrich denunció públicamente la «mala praxis del Gobierno nacional» y pidió la rectificación urgente. Desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se recurrió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para exigir la eliminación de esos capítulos del Presupuesto. Finalmente, el Poder Ejecutivo prometió introducir cambios en la «ley de leyes».
En el Senado, Bullrich contará con el respaldo del senador cordobés Luis Juez, quien tiene motivaciones personales para defender la nueva ley ya que su hija Milagros padece parálisis cerebral. Juez votó a favor de la emergencia en Discapacidad cuando el Senado la sancionó y también cuando la oposición insistió para voltear el veto de Milei.
Para que el proyecto se convierta en ley, resta que se defina la hoja de ruta en el Senado, incluyendo un cronograma de trabajo y la firma del dictamen.