El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los once investigados en la causa por el criptoactivo $LIBRA, incluido el presidente Javier Milei. La investigación, que duró un año y medio, concluyó sin indagatorias ni declaraciones testimoniales de funcionarios. Quedaron sin esclarecer varios puntos clave, como el origen del contrato inteligente y las identidades de los primeros inversores.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó este viernes a los once investigados en la causa que analizaba el lanzamiento del criptoactivo $LIBRA, entre ellos el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, según la resolución judicial. La decisión se produjo tras el pedido del fiscal Eduardo Taiano y cierra definitivamente el expediente, que se extendió por un año y medio.
El proyecto $LIBRA consistió en un criptoactivo que, según un mensaje publicado por el presidente Milei en la red social X el 14 de febrero de 2025, tendría como fin financiar empresas argentinas con los fondos de los compradores del token. No se explicó públicamente el mecanismo de financiamiento ni las condiciones. La información disponible indica que la estructura se montó en una página de Google Drive creada horas antes del anuncio.
Tras la publicación presidencial, el valor del token registró un incremento desde centavos hasta casi cinco dólares, para luego caer abruptamente. Datos de la investigación señalan que 74 billeteras cripto adquirieron casi 13 millones de dólares en tokens el día del lanzamiento, antes del mensaje de Milei. Una de esas billeteras obtuvo ganancias cercanas a 8 millones de dólares. Las identidades de los titulares de esas billeteras no fueron establecidas en el expediente.
Entre los puntos no esclarecidos se encuentra el origen del contrato inteligente difundido en el tuit presidencial, un código alfanumérico de 44 caracteres necesario para adquirir $LIBRA. El presidente Milei había afirmado en declaraciones que ese código estaba disponible en internet, lo que la investigación no confirmó.
El expediente incluyó un peritaje del teléfono de Mauricio Gaspar Novelli, uno de los lobbistas vinculados al proyecto, en el que se halló un borrador que mencionaba un presunto pago de 5 millones de dólares, identificado con la letra «H.», por el apoyo de Milei. El texto decía: «$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $1.5 millones en tokens o cash – Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis». También se refería a un desembolso de $2M con la leyenda: «Contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres». El fiscal Taiano descartó esta prueba al considerar que no se pudo demostrar que ese acuerdo hubiera sido enviado desde el teléfono de Novelli a otra parte.
Novelli, Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis se encontraban en Dallas al momento del lanzamiento de $LIBRA. Según la investigación, realizaron decenas de llamadas a Buenos Aires y Singapur antes, durante y después del tuit de Milei. Los dos lobbistas habrían intervenido en la gestión de la comunicación con Santiago Caputo, asesor presidencial.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien presidió la Comisión Investigadora $LIBRA del Congreso, cuestionó la decisión del fiscal de no llamar a indagatoria a ninguna de las partes. «El fiscal tendría que haberle preguntado a Milei quién y cómo le acercaron el contrato», afirmó. «Tendría que haber preguntado por la decena de reuniones a que se debieron, los llamados el 14/2/25 antes y después del posteo entre Buenos Aires y el comando de operaciones de Dallas», sostuvo. Además, consideró: «Que Milei publicara desde su cuenta de X no elimina su condición presidencial ni la influencia de su investidura, o el posible tráfico de influencias. Es un disparate jurídico comparar como si fuera inaugura una obra de un privado». La resolución de Martínez de Giorgi comparó el apoyo de Milei al proyecto $LIBRA con «la presencia presidencial en la inauguración de alguna fábrica».
El abogado Nicolás Ozust, quien representó a un grupo de inversores que compraron la criptomoneda, sostuvo: «Desde lo técnico, lo que hace el fiscal es un escándalo, hace la interpretación del abogado defensor y no la del fiscal». Y agregó: «Les busca a todos las pruebas en contra del imputado, que es lo que haría el abogado defensor. No hizo toda la prueba para llegar a la verdad objetiva, solo produjo la prueba que beneficiaba y, cuando conseguía una en contra, tergiversó la interpretación para pedir el sobreseimiento».
Ozust también cuestionó la celeridad del expediente tras la exclusión de los inversores como querellantes y mencionó la designación de Ana María Juan como jueza federal, esposa de Martínez de Giorgi, luego de esa exclusión. Asimismo, se refirió a la ratificación de la exclusión por la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por jueces designados por el Gobierno, un día después de asumir.
Respecto de la prueba del borrador hallado en el teléfono de Novelli, Ozust señaló: «(El fiscal) cita el informe que establece que en el celular de Novelli había un contrato que borró, que él lo manipuló e interactuó de manera activa. El informe no dice que no se envió a otras personas. Cuando ves el informe de la DATIP, no dice que no se lo mandaron a nadie, sino que no lo pudieron probar. Y él hace este hilo: como no puedo probar que lo mandó, no se configuró que se mandó». También mencionó dos transferencias de Davis el día que se reunió con Milei en Casa Rosada, una segundos antes del encuentro y otra al salir, y opinó: «Te demuestran que hay un principio de ejecución del contrato».
La fiscalía no convocó a indagatoria a ninguno de los once investigados ni a funcionarios o personas cercanas al Gobierno, como los empresarios Charles Hoskinson o Diógenes Casares, quienes mencionaron en entrevistas públicas pedidos de dinero de gente cercana al Gobierno en los meses previos al proyecto. Tampoco fue citado Santiago Caputo, asesor presidencial que mantuvo comunicación con Novelli en las horas posteriores al lanzamiento, ni Demian Reidel, ex jefe de Asesores de la Presidencia, quien había sido advertido por el periodista Maximiliano Firtman sobre los antecedentes de Novelli y Terrones Godoy en proyectos cripto fallidos.
Firtman, en cambio, fue convocado por Taiano en mayo de 2025. Según relató, la audiencia duró casi tres horas y estuvo a cargo de la secretaria del fiscal, una persona que tipeaba y dos abogados: el de Hayden Davis y el de Novelli. «Fueron dos horas usándome de perito. Qué es la blockchain, cómo funciona una billetera multi wallet, qué es un rug pull y luego las preguntas específicas sobre el llamado que me hicieron del gobierno. Si estuve involucrado, si conocía a las personas. Solo preguntas para que quede asentado lo que los abogados pretendían», recordó. Según aseguró, Taiano apenas pasó a saludar un minuto esa mañana.