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Autorizan el fondeo de tres megayates en el Parque Nacional Tierra del Fuego pese al rechazo técnico

La Intendencia del Parque Nacional Tierra del Fuego autorizó el fondeo de tres embarcaciones de bandera de Islas Caimán en Bahía Lapataia entre el 12 y el 18 de noviembre, así como el traslado de pasajeros en dos helicópteros, pese a que un informe técnico del 20 de octubre había recomendado no autorizar las operaciones por riesgos ambientales y limitaciones legales.

La Intendencia del Parque Nacional Tierra del Fuego autorizó el fondeo de tres embarcaciones de bandera de Islas Caimán en Bahía Lapataia entre el 12 y el 18 de noviembre, así como el traslado de pasajeros en dos helicópteros, según el documento firmado por el intendente Marcelo Almirón el 27 de octubre. La solicitud había sido presentada por USHIP SRL–Ushuaia Shipping, agencia marítima que representa a las naves.

Una semana antes, el 20 de octubre, siete integrantes del parque firmaron un informe que concluyó: “NO RESULTA PROCEDENTE AUTORIZAR” las operaciones solicitadas. Los técnicos advirtieron sobre los daños que el fondeo podía ocasionar en el fondo marino, las perturbaciones sobre la fauna y la falta de una excepción legal que habilitara los sobrevuelos. La autorización posterior no explica cómo se despejaron esas objeciones; se limita a comunicar que “se autoriza el desarrollo de la actividad solicitada” y fija condiciones operativas, sin desarrollar los argumentos jurídicos y ambientales para apartarse de la recomendación técnica.

El Lonian tiene 87 metros de eslora y el Hodor, identificado como buque de apoyo, mide 67 metros. Publicaciones especializadas señalan al empresario estadounidense Lorenzo Fertitta, expropietario de la UFC, como dueño de ambas embarcaciones.

En el informe, los técnicos describieron el riesgo del peso de las anclas y el movimiento de las cadenas sobre el lecho marino. Indicaron que las cadenas de acero pueden “barrer y arar el lecho marino cada vez que el barco rota con el viento o las corrientes”, con riesgo de destruir los bosques sumergidos de cachiyuyo, formados por el alga parda Macrocystis pyrifera. También advirtieron sobre la remoción de sedimentos, posibles derrames de hidrocarburos, vertidos de efluentes y el ruido constante de los generadores. A ello sumaron el impacto acústico de los helicópteros, que pueden alterar el comportamiento de la fauna y la tranquilidad de los visitantes.

Entre las especies que podrían verse afectadas mencionaron el huillín, una nutria nativa amenazada, y aves como el cauquén caranca y el quetro austral, identificadas como parte de los valores de conservación del área.

El informe sostiene que los vuelos solicitados no se encuadran en las excepciones previstas por la Ley 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. Según el artículo 5, inciso l, incorporado por la Ley 26.389 en 2008, se prohíben los sobrevuelos de aeronaves motorizadas dentro de los parques nacionales, salvo excepciones expresamente contempladas, como determinadas rutas aéreas, operaciones de búsqueda y rescate, combate de siniestros, investigaciones científicas y tareas vinculadas con el cuidado y la administración de las áreas protegidas. Para los firmantes, el traslado privado de pasajeros no está incluido entre las excepciones. El informe es explícito: “las operaciones aéreas propuestas por la empresa no se encuentran comprendidas, conforme a la información presentada, en ninguno de los supuestos de excepción previstos por la normativa”.

La solicitud contemplaba que los helicópteros despegarían y aterrizarían sobre las propias embarcaciones, sin utilizar infraestructura terrestre del parque. Según el documento, esa modalidad “no modifica la aplicación de la prohibición cuando las operaciones impliquen sobrevuelos dentro de su jurisdicción”. Tampoco alcanza con obtener permisos de las autoridades marítimas o aeronáuticas, ya que estos no sustituyen el cumplimiento de las restricciones de Parques Nacionales.

Los técnicos también invocaron el principio precautorio de la Ley General del Ambiente 25.675, que exige adoptar medidas para prevenir posibles daños ambientales. Sostiene que “debe ser contemplado y exigir la adopción de medidas eficaces tendientes a impedir la ocurrencia de los riesgos referidos y la degradación ambiental”. La autorización firmada posteriormente no precisa qué excepción legal permitiría los vuelos ni detalla las rutas, las alturas o la frecuencia de las operaciones. Se limita a exigir que se planifiquen “procurando minimizar el sobrevuelo de sectores terrestres”, que se eviten las áreas sensibles y que se respeten los corredores y las zonas de exclusión que determinen las autoridades.

Según las fichas de VesselFinder citadas por Agenda Malvinas, el Lonian y el Hodor navegan bajo bandera de Islas Caimán, territorio británico de ultramar. El registro no significa que sean propiedad británica; las publicaciones especializadas identifican a Fertitta como dueño de ambos yates. La bandera adquiere relevancia en Tierra del Fuego, provincia cuya jurisdicción comprende las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, cuya soberanía la Argentina disputa con el Reino Unido.

En octubre, la Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar un pedido de medidas provisionales contra la explotación petrolera que el Reino Unido impulsa en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto Sea Lion. La presentación busca frenar actividades que la Argentina considera “unilaterales e ilegales” sobre los recursos de su plataforma continental. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el artículo 290 habilita la adopción de medidas provisionales para proteger los derechos de los Estados involucrados y evitar daños al medio marino. El inciso 1 establece que el tribunal puede disponerlas para “preservar los derechos respectivos de las partes en la controversia o impedir que se causen daños graves al medio marino”. El Tribunal fijó para el 10 y el 11 de noviembre las audiencias en las que escuchará los argumentos de ambas partes y luego deberá evaluar si corresponde adoptar medidas provisionales mientras continúa el procedimiento.

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