La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, afirmó en un encuentro de IDEA que las reformas del Gobierno buscan generar reglas claras, previsibilidad institucional y confianza para atraer inversiones.
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, destacó la seguridad jurídica como eje de las reformas impulsadas por el Gobierno para promover la inversión privada.
Durante una exposición en un encuentro de IDEA, moderada por Bernardo Cassagne, la funcionaria sostuvo que las medidas oficiales apuntan a “construir una Argentina más previsible, más estable y más amigable con la inversión privada”.
“Las inversiones se realizan cuando existen reglas claras, instituciones previsibles y confianza en que los compromisos asumidos serán respetados en el tiempo”, afirmó Ibarzabal Murphy, y explicó que una parte central del trabajo de la Secretaría consiste en transformar las decisiones políticas en reglas estables y ejecutables.
En ese marco, señaló que el presidente Javier Milei planteó desde el inicio de su gestión el desafío de liberar a la Argentina de las capas de intervencionismo acumuladas durante décadas.
Bajo la premisa de que “donde no hay certeza, no hay inversión”, la funcionaria advirtió que la superposición de normas, el exceso de trámites y la intervención estatal generan incertidumbre, frenan inversiones y dificultan el surgimiento de nuevos actores.
Al repasar las principales reformas, destacó que la Ley Bases y el DNU 70/2023 constituyeron instrumentos centrales para modificar el marco jurídico, al autorizar privatizaciones, modernizar la Ley de Procedimientos Administrativos, crear el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y delegar facultades legislativas por un año.
Ibarzabal Murphy sostuvo que esa delegación permitió reorganizar organismos, eliminar fondos fiduciarios y simplificar procedimientos. Respecto del RIGI, remarcó que fue diseñado para brindar certidumbre a inversiones con grandes desembolsos de capital y largos plazos de recupero.
Según indicó, el régimen ofrece “las reglas que queremos para todos mañana: estabilidad por 30 años, un esquema tributario y cambiario competitivo y protección frente a cambios arbitrarios”.
La secretaria informó que el RIGI cuenta con 27 proyectos aprobados por más de US$75 mil millones y otros 21 en evaluación por más de US$130 mil millones, en sectores como minería, energía, infraestructura, automotriz, siderurgia y energías renovables.
También subrayó que sus beneficios se destinan a inversiones nuevas y que su aplicación debe procurar minimizar efectos distorsionadores sobre la competencia.
Al referirse al caso YPF y al impacto de las decisiones estatales sobre la reputación internacional del país, Ibarzabal Murphy aseguró: “La única instrucción política que recibo es hacer las cosas bien”.
La funcionaria remarcó además la importancia de respetar los procedimientos, identificar riesgos y construir soluciones sostenibles para fortalecer la seguridad jurídica.
“Mi trabajo consiste, en definitiva, en intentar que las reglas que ofrecemos hoy sean las mismas reglas que existan mañana”, concluyó.