La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señaló que Bolivia se convirtió en centro de operaciones para organizaciones criminales de México, Brasil, Perú y Colombia, que operan junto a estructuras locales. Su representante en el país, Mónica Mendoza, presentó datos sobre el crecimiento de cultivos de coca y la infiltración en instituciones judiciales.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) advirtió que la situación en Bolivia se agravó al convertirse en centro de operaciones para carteles internacionales de droga, con presencia de organizaciones de México, Brasil, Perú y Colombia que operan junto a estructuras locales.
Su representante en Bolivia, Mónica Mendoza, se refirió a una expansión de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), al igual que grupos criminales peruanos y colombianos.
Mendoza sostuvo que Bolivia ya no puede verse solo como productor de materia prima o territorio de tránsito, y afirmó que el problema es más complejo ante la confluencia de delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal, al modo de un holding o consorcio empresarial del crimen.
Además, a ese contexto de mayor desarrollo de redes criminales transnacionales se suma el incremento de los cultivos de hoja de coca que, según el último informe de la Unodc, presentado en septiembre, creció un 7%, pasando de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025. Bolivia es el tercer productor mundial de coca, por detrás de Colombia, que en 2024 registró 261.000 hectáreas de cultivo, y de Perú, que en 2025 reportó 84.546 hectáreas, según los informes de la agencia de las Naciones Unidas.
Mendoza consideró necesario perseguir el crimen y sus finanzas, y luchar contra sus capacidades operativas para detener el avance de las grandes organizaciones criminales en Bolivia. La funcionaria también alertó sobre la infiltración de estas redes en instituciones judiciales y agregó que esa penetración formó redes de corrupción destinadas a frenar las investigaciones y la persecución penal. En igual sentido se pronunció el director del Interamerican Institute for Democracy al afirmar que funcionarios, autoridades y personas vinculadas al gobierno participan en actividades ligadas al narcotráfico.
Al respecto, los dos últimos fiscales generales de Bolivia, Roger Mariaca y Juan Lanchipa, han quedado bajo escrutinio por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción, después de que los Estados Unidos los incluyeran entre los ciudadanos a los que se les restringió la visa, en una ofensiva que ha alcanzado a autoridades y exfuncionarios.
Haciendo uso de importantes recursos, algunos presuntamente vinculados al narcotráfico, el expresidente y líder cocacolero, Evo Morales, y sus seguidores han sido protagonistas de prolongadas marchas y bloqueos de rutas alimentando el descontento social y buscando desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz como vía para volver al poder.
La advertencia de la ONU debe ser escuchada. Para ello, además de lograr un control territorial efectivo, depurar las instituciones infiltradas y ofrecer al campesino cocalero una salida económica real, el gobierno debería implementar acciones contra las estructuras, las finanzas y la capacidad operativa de las organizaciones criminales, siendo las normas contra el lavado de activos y de extinción de dominio elementos indispensables para lograrlo.