Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, comparecieron este miércoles ante el juzgado federal 11 en el marco de la investigación por presuntos sobreprecios en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Presentaron escritos y se retiraron sin declarar ante los medios.
Jonathan Kovalivker, accionista de la droguería Suizo Argentina, ingresó al juzgado federal 11 este miércoles minutos antes de las 10:30, acompañado por su abogado Martín Magram. Vestía camisa blanca y saco azul. Presentó un escrito y se retiró media hora más tarde sin realizar declaraciones a los medios acreditados en Comodoro Py 2002.
Posteriormente, ingresó al mismo juzgado su hermano Emmanuel Kovalivker, también imputado por asociación ilícita en el expediente. Llevaba camisa celeste y saco oscuro. Emmanuel renunció a la empresa a fines del año pasado, con la investigación ya en curso. Repitió el procedimiento: presentó un escrito y se retiró sin hablar con la prensa. Ambos son defendidos por Magram, quien los acompañó al juzgado.
Fuentes judiciales confirmaron que ambos se negaron a declarar y a responder las preguntas del fiscal Franco Picardi, que tomó la indagatoria. El juez Ariel Lijo no estuvo presente.
Jonathan Kovalivker ya se había presentado en Tribunales en agosto del año pasado, cuando entregó su teléfono celular, pero no la clave para acceder a los datos. Ahora, la droguería Suizo Argentina habilitó un canal de información con voceros para responder a las consultas de los periodistas.
Este martes había declarado en la causa Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de Suizo Argentina, quien también presentó un escrito en el que rechazó las imputaciones del fiscal Picardi y del juez Lijo por asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. Solicitó la nulidad de las medidas y pruebas que lo involucran, sostuvo que los audios eran de “origen dudoso” y que “aún están en peritaje”, y pidió su sobreseimiento.
En el escrito presentado ante el juzgado, Nuner Uner afirmó que “no se identificó ninguna decisión, acta, instrucción, firma, reunión o pago suyo vinculado con la ANDIS, ni con firmas proveedoras o compulsas durante el período imputado (mayo de 2024 a agosto de 2025)”. También está defendido por Martín Magram.
Nuner Uner agregó: “Toda la acusación descansa en un apodo de uso común (‘Seba’) en conversaciones entre terceros, el cual el fiscal le atribuye de forma prejuiciosa sin aportar elementos objetivos ni verificar si correspondía a otra persona”.
En el juzgado de Lijo se vio al abogado defensor Matías Ledesma, a cargo de la defensa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni en la investigación por enriquecimiento ilícito. Ledesma dijo que representa a uno de los empresarios acusados en la causa, pero se negó a precisar a quién.
El descargo de los Kovalivker
En la presentación ante el juzgado de Lijo, los Kovalivker rechazaron las imputaciones. Destacaron que Suizo Argentina S.A. “es una compañía centenaria del sector de la salud con más de 100 años de trayectoria, cerca de 2000 empleados y múltiples centros de distribución federales”. Señalaron que la facturación con la ANDIS representó un porcentaje “marginal” de sus ventas totales: 2,14% en 2023; 4,22% en 2024 y 3,14% entre enero y octubre de 2025, según su versión.
Jonathan Kovalivker sostuvo que no hay “elementos probatorios en su contra” y que “las visitas registradas en su domicilio corresponden a empresarios del mismo rubro o vínculos sociales, sin que ello implique delito alguno”.
El abogado Magram insistió en el origen “ilícito, clandestino y con presuntos indicios de manipulación o edición” de los audios con la supuesta voz del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y, con ese argumento, pidió la nulidad del dictamen fiscal y de la resolución del 21 de agosto de 2025, que incluye la nulidad de los allanamientos, la requisa de dispositivos y el levantamiento de secretos bancarios y fiscales.
La presentación de Emmanuel Kovalivker sostiene que “la Agencia Nacional de Discapacidad representó un porcentaje ínfimo de la facturación total de Suizo Argentina” y descarta “la lógica de una ‘cooptación’ del organismo” para un cliente que, al igual que Jonathan, define como “marginal”.
Agrega que “las conversaciones que se le imputan” con Pablo Atchabahian —a quien no menciona en el escrito— son “esporádicas y atemporales y fuera del objeto procesal”. Detalla que tuvieron lugar entre julio y diciembre de 2023 y correspondían “a un proyecto logístico privado con laboratorios de antibióticos hospitalarios, el cual no prosperó y es totalmente ajeno a la ANDIS”.
En el documento presentado ante la Justicia, Emmanuel Kovalivker afirma que “jamás intervino en la fijación de precios, cotizaciones, ventas a privados ni en operaciones con organismos públicos, como la ANDIS”.
Presentación tras un pedido de prórroga
Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker se presentaron este miércoles después de la cancelación de la indagatoria del jueves pasado por un pedido de prórroga que hizo el abogado Magram. Ambos integran una lista de unos 40 convocados a indagatoria por el fiscal Picardi y el juez Lijo.
En una resolución, Lijo decretó la inhibición general de bienes de 36 de los 40 imputados, entre ellos los Kovalivker y empleados jerárquicos de la droguería Suizo Argentina y empresarios de otros laboratorios. Argumentó que se trata de “evitar que el tiempo del proceso frustre el posible recupero de activos y las eventuales restituciones y/o indemnizaciones civiles”.
La acusación que pesa sobre Suizo Argentina radica en que la empresa “capturó completamente una agencia estatal (la ANDIS) para ponerla al servicio de sus intereses económicos”. “Las decisiones institucionales de la ANDIS eran tomadas por la Suizo Argentina S.A. en coordinación con los altos funcionarios a cargo”, afirmaron las fuentes judiciales ligadas a la causa.
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), asignaron una fecha a esa “cooptación” de Suizo Argentina sobre la ANDIS: entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Según la acusación, la compañía “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas”. Eso, dijeron, le permitió vender medicamentos más caros y con sobreprecios. En 15 meses fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia, un total de $137.118.708.357.