El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su política de deportaciones masivas y controles migratorios fue «demasiado dura», luego de que el Partido Demócrata obtuviera el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio término.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, admitió públicamente que su política de deportaciones masivas y controles migratorios fue «demasiado dura», luego de sufrir una derrota en las elecciones de medio término en las cuales el Partido Demócrata logró hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso.
En una entrevista concedida en las últimas horas, el mandatario evaluó el impacto de las medidas aplicadas durante su gestión, que incluyeron operativos masivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), con la deportación de 980.000 personas y el arresto de casi 200.000 en su segundo mandato. «Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí», declaró Trump.
El giro autocrítico del líder republicano se produce tras un revés electoral influenciado por el descontento de la comunidad hispana. Los datos de los comicios reflejaron una caída del respaldo republicano en decenas de condados de mayoría latina, donde el rechazo a las redadas migratorias, sumado a las presiones inflacionarias y el aumento del costo de vida, volcó la balanza en favor de la oposición.
A pesar de la autocrítica y de abrir la puerta a la posibilidad de consensuar un nuevo enfoque migratorio junto a los demócratas, la administración de la Casa Blanca enfrenta un escenario complejo de gobernabilidad para la segunda mitad de su mandato, con divisiones internas marcadas por la continuidad de funcionarios de línea dura en puestos clave del gabinete.
Anteriormente, Donald Trump había defendido la política migratoria, la cual ahora dice que fue uno de los puntos de su derrota. En medio de una creciente crisis política y social, el presidente había respaldado firmemente los estrictos controles migratorios y las operaciones ejecutadas por el ICE, luego de que se registrara la muerte de tres inmigrantes durante los procedimientos de las fuerzas federales. En su momento, el mandatario afirmó: «No podemos renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de ICE: los controles de tráfico».
Para Peter Lamelas, Trump se equivocó con ICE y por eso perdió las elecciones. Las acciones llevadas adelante por el organismo de seguridad en distintas ciudades del país generaron una ola de cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición demócrata, quienes advirtieron sobre la dureza de los operativos de deportación masiva y el uso de la fuerza.
Pese a las críticas y a las demandas de revisión sobre los protocolos del área de seguridad interior, la administración federal ratificó el rumbo de su estrategia migratoria, priorizando los controles rigurosos en las fronteras y en el territorio nacional como uno de los pilares fundamentales de su gestión.
Uno de los ejes más controvertidos del accionar del ICE ha sido el incremento de muertes bajo su custodia e intervenciones territoriales, alcanzando récords históricos tras la expansión de sus centros de detención y el endurecimiento de sus operativos. Informes de organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos revelan negligencias médicas en las instalaciones de reclusión, privación prolongada de insumos básicos y muertes registradas durante persecuciones a alta velocidad o tras el uso de la fuerza.
A la par de las detenciones masivas, las fuerzas federales han sido cuestionadas por la implementación de operativos de intercepción vehicular y el despliegue de agentes en vía pública sin la debida identificación. Denuncias presentadas ante la justicia señalan el uso sistemático de perfiles raciales para detener transeúntes, irrupciones en viviendas sin órdenes judiciales correspondientes y el empleo de tácticas de sometimiento físico peligroso que provocaron incidentes viales y desenlaces fatales.
La polémica salpica además los derechos civiles de la propia población local, tras reportarse cientos de detenciones por error que afectaron a ciudadanos estadounidenses y menores de edad. De forma paralela, la intervención del organismo ha estado marcada por denuncias sobre la restricción del derecho al debido proceso, la imposibilidad de que los detenidos accedan a asistencia legal inmediata y el traslado no notificado de personas a centros remotos del país.
Por último, el despliegue táctico en zonas urbanas generó choques con organizaciones sociales y gobiernos locales. Las detenciones de manifestantes, periodistas y observadores comunitarios que documentaban los procedimientos abrieron investigaciones judiciales y legislativas por abuso de autoridad, violencia con irritantes químicos y tácticas de represión contra la protesta social.