En el marco de una causa por lavado de activos y narcotráfico, conversaciones telefónicas muestran al empresario dando órdenes sobre alquileres, ganado y personal desde el penal de Ezeiza. La Justicia formalizó la investigación contra 16 personas.
El juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez formalizó la investigación contra 16 personas en dos causas conexas por lavado de activos y narcotráfico, según informaron fuentes judiciales. Nueve quedaron con prisión preventiva por 180 días y una con prisión domiciliaria. Entre los imputados se encuentran Lázaro Báez, su pareja Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez, señalado como su mano derecha.
Los audios incorporados a la causa, a los que accedió LA NACION, registran conversaciones de Báez desde el penal de Ezeiza con Ibáñez, alias “Budín”. En esas comunicaciones, el empresario da instrucciones sobre contratos de alquiler, reclamos de pagos, compra y venta de ganado y organización del personal. En uno de los pasajes, Báez afirma: “El dueño de la historia soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”.
En otra conversación, Báez advierte a Ibáñez sobre Insaurralde: “La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”. La “tía” es, según la causa, Claudia Insaurralde, pareja de Báez desde hace siete años, quien junto a Ibáñez presuntamente administraba bienes, de acuerdo con anotaciones secuestradas en un domicilio de Río Gallegos.
Durante un allanamiento en la celda de Báez, las autoridades secuestraron un cuaderno con el detalle de operaciones, nombres resaltados, listado de proveedores, abogados y cuentas. El empresario reclamó estar presente durante el procedimiento.
La investigación, identificada como Causa 169831/26, documentó movimientos por unos $390 millones en ocho meses, según datos presentados en audiencias por la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate. Las audiencias se extendieron por casi diez horas.
Además de Báez, Insaurralde e Ibáñez, quedaron imputados Fausto Ignacio Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, Diego Ernesto Navarro, Oscar Raúl Núñez, Valentina Micaela Devetac, Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero. La Justicia los considera nexos de las dos causas.
Ibáñez es un productor local condenado en causas por abigeato. En 2014 le imputaron el robo de 1000 ovejas y luego recibió una condena a 10 años de prisión, que fue rebajada; se encontraba en libertad desde 2023.
El juez dispuso ampliar las medidas cautelares sobre el patrimonio, que incluyen secuestro e inhibición de bienes, congelamiento de activos financieros y afectación de cánones locativos. También ordenó pedidos de información societaria, prorrogó allanamientos en establecimientos rurales y envió copias de la resolución a tres tribunales orales federales de Capital Federal y a la Cámara en lo Criminal de Santa Cruz.
Nueve personas quedaron con prisión preventiva por 180 días: Báez, Insaurralde, Ibáñez, Fausto Devetac, Ulloa, Agustín Agüero y Núñez, a quienes se les prohibió comunicarse con otros involucrados. Paula Bórquez cumplirá prisión domiciliaria con autorización para trabajar y llevar a su hija a la guardería. Seis imputados siguen en libertad bajo restricciones, con obligación de presentarse en la Oficina Judicial y prohibición de salir del país sin autorización.
En la causa por narcotráfico y lavado se imputó a Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ulloa, Pedro Nahuel Leal, Ibáñez, Paula Makarena Bórquez, José Ariel Silva, Aldo Rubén Herrera y Valentina Devetac. A los ocho primeros se les atribuyó formar parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos; a Devetac, una participación secundaria.
Según el requerimiento fiscal, la organización comercializó 66,43 gramos de cocaína a Gonzalo Agustín García Bistritsky, hallados el 22 de diciembre de 2025 en un allanamiento. También habría vendido 439,88 gramos a Carlos Mauricio Audicio, cuya droga apareció el 9 de abril de 2026 durante una inspección ocular tras el hallazgo de su cuerpo sin vida. El tercer hecho ocurrió el 10 de noviembre, cuando en un allanamiento a la casa de Leal se secuestraron 1.305 gramos de cannabis sativa y 725 gramos de cocaína.
En el capítulo de lavado, a Ibáñez se le atribuye la compra de una VW Amarok por $65.000.000 en agosto de 2025 y una Ford F150 modelo 1994 por $5.000.000, transferida en septiembre. También habría administrado otros cuatro vehículos y recibido transferencias de Ulloa y Herrera. A Ulloa se le imputa la compra de una Toyota SW4 por $43.000.000 y envíos de dinero a Luis Agustín Alcaina, detenido desde agosto en otra causa con 36 kilos de cocaína secuestrados. Leal habría realizado ocho transferencias por $9.035.000 a cuatro personas vinculadas a esa causa.
La Fiscalía también investiga billeteras virtuales. Entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 7 de julio de 2026, Paula Bórquez habría administrado ingresos por $415.254.149,87 y egresos por $290.471.536,16 sin respaldo; Juan Pablo Bórquez, ingresos por $203.171.812,23 y egresos por $127.575.705,24. A Leal se le atribuyen $84.451.721 de ingresos y $69.205.004,71 de egresos sin respaldo. Silva y Agustín Agüero figuran como administradores de vehículos, y Herrera como titular de una Toyota Corolla y emisor de transferencias a Paula Bórquez y Ulloa. A Valentina Devetac se le atribuye haber prestado su cuenta de Mercado Pago para recibir $9.670.000 de Ibáñez entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.
Las calificaciones provisorias son tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, asociación ilícita y lavado de activos.