El tribunal regional determinó que el juicio político que removió al exjuez de la Corte Suprema en 2003 vulneró garantías judiciales e independencia judicial. La sentencia obliga al Estado a pagar una indemnización y restituir derechos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado argentino por la destitución del exjuez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor, ocurrida el 3 de diciembre de 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner. El fallo, dado a conocer recientemente, concluyó que el proceso de juicio político que terminó con la remoción del magistrado vulneró garantías judiciales, derechos políticos y la independencia judicial.
El caso y la sentencia
Moliné O’Connor había sido designado juez de la Corte Suprema en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem. Fue removido por el Senado tras ser hallado culpable en dos de los nueve cargos vinculados con la causa Meller. La Corte IDH sostuvo que el Congreso utilizó el contenido jurídico de las sentencias firmadas por el juez como fundamento para destituirlo, lo que constituyó una intromisión indebida en la independencia judicial y en la división de poderes.
Además, el tribunal señaló que se vulneraron sus garantías judiciales, sus derechos políticos, el plazo razonable (el proceso demoró más de 20 años) y el derecho a la seguridad social, ya que en octubre de 2004 se le revocó la pensión vitalicia que tenía asignada desde 1998. Moliné O’Connor falleció en 2014, por lo que el reclamo fue continuado por su familia.
Qué es la Corte Interamericana y cuándo interviene
La Corte IDH es un órgano judicial autónomo con sede en Costa Rica encargado de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), tratado incorporado a la Constitución argentina en 1994. Su función es juzgar si un Estado miembro violó derechos fundamentales protegidos por ese acuerdo.
Los ciudadanos no pueden acudir directamente a la Corte. Para que intervenga, deben cumplirse pasos previos: agotar las instancias judiciales locales (salvo demora injustificada o falta de garantías); presentar el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que analiza la admisibilidad, intenta una solución amistosa y emite recomendaciones al Estado; y, si el país no cumple, la Comisión o otro Estado miembro eleva el caso a la Corte para una sentencia definitiva. En el caso de Moliné O’Connor, la petición ingresó a la CIDH en noviembre de 2003 y fue elevada a la Corte en agosto de 2024.
Qué dispone el fallo
Las sentencias de la Corte IDH son definitivas, inapelables y de cumplimiento obligatorio para los Estados que aceptaron su competencia, como la Argentina. En este caso, el tribunal ordenó tres ejes de reparación:
- Compensación económica: el Estado debe pagar 600.000 dólares por lucro cesante (daño material) y 25.000 dólares por daño inmaterial, sumas a repartir entre la esposa y los hijos del exjuez.
- Restitución de derechos: se ordenó regularizar el régimen de la pensión vitalicia que correspondía al magistrado antes de su remoción.
- Garantías institucionales y difusión: la Argentina deberá publicar el resumen oficial de la sentencia y asegurar que, en futuros procesos, el artículo 53 de la Constitución Nacional (que regula el juicio político por mal desempeño) se aplique respetando el debido proceso y la independencia de los jueces. El Gobierno tiene un año desde la notificación para informar las medidas adoptadas.
El fallo reabrió el debate sobre el alcance de los tribunales regionales frente a las decisiones internas de los Estados y sobre el modo en que los compromisos internacionales asumidos por el país habilitan a organismos externos a analizar si los poderes públicos respetaron las garantías básicas del debido proceso y la independencia judicial.