El Departamento de Comercio cerró un atajo que permitía a empresas chinas alquilar capacidad de cómputo avanzada en el exterior. La medida, que entrará en vigor en 90 días, coincide con la cumbre de APEC y con tensiones entre funcionarios estadounidenses.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció una nueva regla que amplía los controles de exportación sobre chips de inteligencia artificial. La norma, que entrará en vigor dentro de 90 días, alcanza el alquiler remoto de capacidad de cómputo: los centros de datos fuera de territorio estadounidense necesitarán una licencia de Washington para vender potencia de cómputo significativa a empresas con sede en China, Rusia, Irán y otros países considerados de alto riesgo.
Hasta ahora, los controles regían sobre la venta física de chips, pero en general no comprendían el alquiler remoto de capacidad de cómputo. Una empresa china impedida de comprar procesadores avanzados de Nvidia podía utilizarlos a distancia, por ejemplo, en el sudeste asiático.
El anuncio se produjo el lunes, horas antes de que el presidente Donald Trump partiera hacia Shenzhen para la cumbre de APEC con Xi Jinping. En declaraciones a la prensa, Trump justificó la demora en otra sanción: “No creo que uno quiera insultar a China justo antes de llegar”.
La regla llega en medio de una disputa interna en el gobierno estadounidense. El viernes, en una entrevista con CNBC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el Tesoro, el Pentágono, el Departamento de Estado y la oficina del Representante Comercial llevaban meses pidiendo incluir en la lista negra comercial de Estados Unidos a Megaspeed, la empresa de Singapur involucrada en el escándalo de Nvidia. Esa decisión depende del Departamento de Comercio, que conduce Howard Lutnick. “Comercio tiene la lapicera”, dijo Bessent.
Trump se refirió a la disputa: “Uno quiere ser amigable con China y el otro quiere pelearse con China. Ambas son aceptables, pero son visiones distintas”, declaró sobre sus dos secretarios. Lutnick impulsó una versión más blanda de la regla, mientras que Bessent y otros funcionarios, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, presionaban por límites más amplios. El presidente defendió a Lutnick, de quien afirmó que está haciendo “muy buen trabajo”.
El trasfondo es el escándalo que la semana pasada derivó en la renuncia de Jensen Huang, cofundador de Nvidia y su CEO durante 33 años. Huang renunció después de que se conocieran dos relaciones extramatrimoniales: una con Alice Huang —sin parentesco—, ex ejecutiva de Megaspeed sospechada de ser agente del gobierno chino, y otra con una vicepresidenta de Nvidia que dependía directamente de él. Las autoridades de Singapur interrogaron a Alice Huang y le retuvieron el pasaporte el año pasado, en el marco de una investigación sobre la empresa. Beijing niega que sea una agente de inteligencia, y Megaspeed asegura que se toma “con extrema seriedad” el cumplimiento de los controles de exportación estadounidenses. Los registros societarios de Singapur muestran que en 2024 los activos de la firma rozaban los 3.000 millones de dólares, casi 90 veces más que a fines de 2023.
Trump puso en duda la acusación: “No sé si es una espía”, insistió. Cuando un periodista le recordó que Rubio se lo había advertido, preguntó “¿quién me dijo eso?” y, al oír el nombre, respondió: “No escuché eso”. Sin embargo, trascendió que el presidente fue alertado sobre esa relación al menos dos veces, la última en mayo, cuando Rubio le expuso en persona la información de inteligencia a bordo del Air Force One.
En agosto de 2025, la Casa Blanca permitió que Nvidia reanudara las ventas de sus chips H20 a China a cambio de una comisión del 15% para el Estado. En diciembre habilitó los H200, más potentes, con el 25% de los ingresos para el gobierno, decisión que el Departamento de Comercio formalizó en enero. Trump incluso dijo que no le molestaría ver a Huang de vuelta al frente de la empresa.
En Shenzhen, Trump se reunirá con Xi —con Vladimir Putin también presente— con una norma recién anunciada que su propio secretario de Comercio rechaza y que no entrará en vigor hasta mediados de febrero. Los 90 días previstos alcanzan para negociarla.
