La medida judicial que impidió la difusión de los audios grabados presuntamente en Casa de Gobierno reavivó la polémica sobre el “bozal legal” y sus límites frente a la libertad de expresión.
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El “bozal legal” aparece en escenarios muy distintos, desde peleas mediáticas hasta casos con relevancia institucional.
La controversia en torno a la libertad de prensa volvió a encenderse luego de la prohibición judicial de difusión de audios presuntamente grabados en Casa de Gobierno, lo que generó un inmediato rechazo de entidades profesionales y especialistas en derecho constitucional. La medida que en la práctica opera como una suerte de «bozal legal» fue interpretada como un intento de condicionar la labor periodística y reabrió el debate sobre los mecanismos legales que buscan restringir la difusión de información.
En ese contexto, reapareció con fuerza el concepto de bozal legal, un recurso judicial que suele usarse para impedir la publicación o difusión de determinados contenidos. La discusión no es nueva, pero cada vez que la figura se aplica, emerge la misma tensión: ¿cómo equilibrar la intimidad de las personas con el derecho a la información y la crítica pública?
Argentina tiene una larga tradición de debates sobre la libertad de expresión y sus límites. Casos recientes, como los que involucraron a la actriz María Eugenia Suárez o a la hermana del presidente Javier Milei, muestran que el “bozal legal” puede alcanzar tanto a celebridades del espectáculo como a funcionarios públicos. Pero la diferencia clave radica en el interés público que cada caso encierra, un matiz que vuelve todo el terreno mucho más delicado.
Bozal legal cuando hay menores de edad
Uno de los motivos más frecuentes por los que se solicita esta medida judicial es la protección de niños y adolescentes. En el caso de Suárez, el tribunal entendió que debía resguardarse la intimidad de Magnolia y Amancio Vicuña, hijos de la actriz, frente a las menciones reiteradas en los medios. La orden incluyó una multa de dos millones de pesos por cada incumplimiento.
Los jueces suelen considerar que, cuando hay menores involucrados, el derecho a la intimidad adquiere un peso superior. El interés superior del niño es un principio rector en el derecho internacional y argentino, y por eso estas medidas suelen prosperar en este tipo de situaciones.
Ahora bien, no todos los especialistas coinciden con esta interpretación. Desde sectores vinculados a la prensa recuerdan que la censura previa está prohibida por la Constitución y que existen otros mecanismos para reparar daños si se vulneran derechos. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha sido una de las voces más críticas en este sentido.
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Uno de los motivos más frecuentes por los que se solicita esta medida judicial es la protección de niños y adolescentes.
Décadas atrás, el humorista Tato Bores también fue víctima de restricciones judiciales que intentaban frenar contenidos incómodos para el poder. Más cerca en el tiempo, hubo otros planteos de celebridades que buscaron frenar la difusión de aspectos de su vida privada, con resultados dispares en los tribunales.