El Gobierno cumplió con el trámite legal y mandó al Congreso el decreto para cambiar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida causó bronca en la oposición y en grupos de derechos humanos por los nuevos poderes que les da a la entidad. El punto que más preocupa es que ahora los agentes pueden llevarse detenida a una persona sin que un juez lo pida antes. Para muchos sectores, esto rompe las reglas básicas de la Constitución y el respeto por los ciudadanos.
Ahora empezó a correr el reloj: el Congreso tiene diez días hábiles para revisar el papel. Pero hay un problema administrativo en el medio: la comisión especial que tiene que mirar estos decretos todavía no existe. Los jefes de las cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, no nombraron a los legisladores que deben integrarla. La oposición cree que esto es una táctica para ganar tiempo y que el decreto siga valiendo mientras la discusión se demora.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Como la comisión no arranca, los diputados opositores decidieron ir por otro camino. La ley dice que si pasan los diez días y la comisión no dice nada, cualquiera de las cámaras puede pedir que el decreto se vote directamente en el recinto. Por eso, ya marcaron la primera semana de febrero en el calendario para tratar de tumbar la medida en una sesión especial. La idea es no esperar a que el oficialismo decida cuándo debatir.
Para anular un decreto de este tipo se necesita que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores voten en contra. En la Cámara baja, la cuenta está muy ajustada. Si ese día están todos presentes, hacen falta 129 votos para rechazarlo. Hoy, los legisladores que no están de acuerdo con darle tanto poder a la SIDE aseguran que ya tienen unos 122 votos y esperan convencer a algunos indecisos en las próximas semanas.
El grupo que rechaza el decreto es bastante variado. Están los diputados de Unión por la Patria, la izquierda y varios bloques del medio como la Coalición Cívica y el socialismo. También se sumaron figuras sueltas como Natalia De la Sota y Marcela Pagano. Todos coinciden en una cosa: no había ninguna «urgencia» real para sacar estos cambios por decreto. Sostienen que un tema tan sensible se tendría que haber discutido como una ley normal.
La discusión no es solo por los papeles, sino por el miedo a los abusos. Los opositores afirman que dejar que la SIDE detenga a la gente es peligroso para la democracia y la división de poderes. Mientras tanto, la Justicia tiene varios pedidos para declarar que el decreto es nulo y no se puede aplicar. Por ahora, los jueces no se movieron porque están de vacaciones, pero el tema explotará apenas empiece la actividad judicial en febrero.
«Aclaración técnica» o intimidación: el comunicado de la SIDE contra una nota publicada sobre el DNU de Inteligencia
Los antecedentes y lo que puede pasar ahora
No es la primera vez que el Gobierno choca con el Congreso por este tema. El año pasado, los legisladores ya le frenaron otro decreto que le daba muchísima plata a la SIDE sin explicar en qué se iba a gastar. Ese fue un golpe histórico, porque marcó un límite claro a lo que Javier Milei puede decidir por su cuenta. Ahora, el conflicto se repite, pero con un tema todavía más delicado: la libertad de las personas y el rol de los agentes secretos.
Si las dos cámaras votan en contra en febrero, el decreto muere automáticamente y pierde toda validez. Esto obligaría al Gobierno a dar marcha atrás con todos los cambios y volver al sistema que funcionaba antes. Sería una derrota política muy fuerte para la Casa Rosada, que apostó a fortalecer la inteligencia como uno de los pilares de su gestión. Por eso, el oficialismo intentará por todos los medios evitar que la oposición logre juntar a todos sus diputados.
La gran duda es qué pasará si la Justicia interviene antes que los políticos. Si un juez decide que el decreto es inconstitucional, la SIDE no podrá usar sus nuevas facultades aunque el Congreso todavía no haya votado. El mes de febrero será clave para ver quién gana esta pulseada entre el poder del presidente, los legisladores que quieren controlarlo y los jueces que deben vigilar que se cumpla la Constitución.
TC/DCQ