Luego de las protestas policiales que se extendieron a lo largo de una semana, y tuvieron su punto más crítico el lunes y martes pasado, el Gobierno de Santa Fe nombró como jefe de la Unidad Regional (UR) II de Rosario a Danilo Villán, tras relevar de sus funciones a Guillermo Solari. En el plano judicial, la Fiscalía avanzó en la imputación de 11 efectivos que participaron de las manifestaciones.
Solari había sido designado hace tres meses al frente de la fuerza de seguridad rosarina, y se hallaba de vacaciones en el momento en que inició la rebelión por mejoras en las condiciones laborales. Luego se sumó a la UR II, pero quedó muy expuesto cuando quiso dar órdenes a agentes que se negaban a acatarlas hasta que se cumpliera con el reclamo. Esta situación generó que las autoridades evaluaran cambios en la conducción.
El ministro de Seguridad de Santa Fe exigió a los policías que protestan que retomen el servicio “de inmediato”
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El acto se llevó a cabo en la sede policial de Rosario y fue encabezado por el secretario de Seguridad, Omar Pereira, quien señaló que la medida tenía que ver con “la dinámica propia de las rotaciones y designaciones de jefes”.
“La UR II constituye un elemento de atención especial debido a que es el centro de la actividad operativa de la provincia, donde el diseño del Plan de Seguridad tiene su epicentro y su desarrollo principal”, indicó Pereira. Además, destacó que la elección de Villán “tiene que ver con esta impronta y su experiencia en la fuerza”, junto a la expectativa de “consolidar los logros alcanzados con el plan”.
Por otro lado, el secretario de Seguridad provincial anunció la designación de Ramón Morales como coordinador de Actividades Operativas de la unidad policial rosarina, justificada por “la complejidad que la actividad operativa” ha alcanzado en la ciudad y el departamento, con el fin de que sea un colaborador directo del jefe regional. Además, confirmó a que el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, seguirá en su cargo.
Danilo Villán, de 54 años, nació en Intiyaco, departamento de Vera. Se había retirado de la fuerza pero fue reincorporado en 2023 para cumplir funciones en la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno santafesino.
Durante su trayectoria, formó parte del Cuerpo Guardia Infantería de UR II, División Personal, sumariante de Comisaría 7ma de UR II, Comando Radioeléctrico de UR II (jefe de tercio y subjefe), subdirector y director de PAT (2018), y jefe interino y confirmado de UR II (2020), entre otros cargos.
Protesta policial en Santa Fe: avanza la causa penal
Este miércoles, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fijó un nuevo piso salarial para las fuerzas de seguridad, lo que generó que se levantaran las protestas protagonizadas por los agentes y sus familiares en diferentes puntos de la provincia. “Ningún policía de Santa Fe, ni hombre o mujer del Servicio Penitenciario, va a percibir menos de un sueldo de $1.350.000”, aún si trabaja en comisaría, dijo el mandatario en conferencia de prensa.
La protesta policial se desarrolló durante varios días y tuvo su epicentro en el predio de la Jefatura ubicado en la calle Ovidio Lagos al 5200. Un día después de los anuncios del gobernador, que incluyó el detalle de distintos montos de la mejora en los haberes, su gestión decidió remover a Solari y no se descarta que en los próximos días haya más cambios.
Asimismo, señaló que se reforzó el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial -el detonante de las manifestaciones había sido el suicidio del policía Oscar “Chimi” Valdez con el arma reglamentaria de una compañera-, que ya atiende a 570 efectivos, y que la tarjeta alimentaria pasó de $ 84.000 a $ 168.000. Además, explicó que se habilitarán lugares de pernocte para quienes viajan largas distancias.
Más allá de que Pullaro y su ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, reconocieron que se trató de “un reclamo justo y que merecía ser escuchado”, las consecuencias de la protesta mantiene la incertidumbre sobre qué pasará en el interior de la fuerza. Un grupo de efectivos fueron pasados a disponibilidad, acusados de no cumplir con sus funciones, y luego se tomó la decisión de reincorporarlos.
Este jueves, el fiscal Pablo Socca imputó por “incumplimiento de deberes de funcionario público” a 11 policías denunciados por participar en las manifestaciones. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) aclararon que el trámite procesal debía realizarse a pesar de que las sanciones contra ellos ya habían sido levantadas.
Por ahora, el trámite disciplinario interno permanecerá abierto hasta que se resuelva la cuestión penal de los agentes y podría concluir con algún tipo de medida disciplinaria.
FP
LT