La administración nacional concentra esfuerzos en el nombramiento de magistrados, un proceso que genera debates y negociaciones en el ámbito judicial y político.
El Gobierno nacional ha puesto un foco significativo en el proceso de designación de jueces a principios de 2026. Esta iniciativa, descrita por fuentes oficiales como una de las prioridades actuales, involucra activamente a altos funcionarios y genera dinámicas de negociación con distintos actores del Poder Judicial.
Según informaron dos fuentes del Ejecutivo en áreas distintas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está abocada de lleno a este tema. Esta concentración de esfuerzos habría llevado, según los relatos, a postergar otras discusiones internas sobre la estructura de ciertas oficinas estatales.
En este contexto, se produjo el reemplazo de Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia por Sebastián Amerio, quien a su vez fue sucedido por Juan Bautista Mahiques. Mahiques, exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, es visto por el Gobierno como una figura clave para facilitar el diálogo con el Poder Judicial y avanzar en las designaciones.
Sin embargo, el proceso no está exento de complejidades. Algunas causas judiciales que involucran a funcionarios han recaído en jueces de distinta procedencia, como Marcelo Martínez de Giorgi y Ariel Lijo. Este último fue considerado en su momento como candidato para la Corte Suprema. La necesidad de interactuar con estos y otros magistrados y fiscales de peso configura un escenario de negociaciones delicadas.
Por otro lado, se señala que la llegada de Mahiques ha mejorado la comunicación del Ejecutivo con Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. El resultado final de este amplio proceso de designaciones y las interacciones que conlleva permanece abierto.