El Fondo de Servicio Universal (FSU), que acumula recursos millonarios, es centro de un debate entre el Estado, grandes operadores y PyMEs telco por su ejecución y destino, en un contexto de brecha digital y necesidad de inversión en infraestructura.
El mercado de las telecomunicaciones en Argentina enfrenta un escenario de tensión entre la necesidad de inversión en infraestructura y la ejecución de fondos públicos destinados a reducir la brecha digital. En el centro de este debate se encuentra el Fondo de Servicio Universal (FSU), que acumula recursos significativos mientras el despliegue de redes continúa siendo desigual en el país.
Aunque el Decreto 6/2025 disolvió el fideicomiso que administraba el fondo, la obligación de las operadoras de aportar el 1% de su facturación bruta se mantiene. Este mecanismo genera un flujo constante de ingresos que, para 2025, proyecta programas por más de $22.000 millones orientados a conectividad y barrios populares integrados en el RENABAP. A estos recursos se suma una disputa por deudas pendientes que superan los $4.500 millones, incluyendo reclamos de la Auditoría General de la Nación (AGN) a Telecom y Telefónica, más intereses.
La situación genera fricciones entre el Estado y los principales operadores. Desde las PyMEs del sector, como Red Intercable, se critica que los fondos «no están disponibles para su uso efectivo» y se reclama un esquema que priorice su ejecución. Representantes como Lucio Gamaleri proponen modelos de complementariedad entre operadores para sostener la competencia y garantizar el acceso en todo el territorio.
Para las PyMEs y cooperativas, la falta de ejecución del FSU impacta directamente en su capacidad de brindar servicio en zonas donde los grandes operadores no invierten, poniendo en riesgo la diversidad del ecosistema frente a la concentración del mercado.
Desde el ENACOM, el enfoque apunta a modificar el esquema histórico de asignación, buscando reemplazar los Aportes No Reembolsables (ANR) por un sistema basado en préstamos con repago y evaluación crediticia, como el reciente caso de $10.000 millones en obligaciones negociables para PyMEs TIC. El objetivo es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, aunque este cambio genera resistencia en el interior del país, donde los requisitos crediticios pueden limitar el acceso al financiamiento.
Mientras tanto, la brecha digital persiste. En centros urbanos se avanza hacia velocidades de gigas por segundo, mientras amplias zonas del interior dependen de que estos fondos se traduzcan en infraestructura concreta. Empresas como Telecom y Claro avanzan con planes de modernización de redes y despliegue de fibra óptica en áreas estratégicas.
El Gobierno busca resolver el conflicto a través de nuevos planes de pago y esquemas de regularización, sin una definición concreta hasta el momento. El volumen total de fondos en juego para 2025, sumando partidas para conectividad, barrios populares, redes comunitarias y recursos por regularización, alcanza los $26.574 millones. El desafío de la gestión actual consiste en equilibrar la mejora en la eficiencia y transparencia en la asignación de recursos con el reclamo de las PyMEs que exigen la activación inmediata del FSU.