La ley FARE y normativas de estabilidad de vivienda, vigentes desde 2025, generan debate sobre su impacto en el mercado inmobiliario neoyorquino, con incrementos que afectan especialmente a propiedades no reguladas.
El mercado inmobiliario de Nueva York presenta un escenario complejo, con alquileres que han alcanzado niveles elevados en diversas zonas. Analistas vinculan esta situación a la entrada en vigor, en junio de 2025, de la ley FARE (Fairness in Apartment Rental Expenses) y a normativas estatales de estabilidad de vivienda.
La ley FARE prohíbe a los agentes inmobiliarios que representan a propietarios cobrar comisiones a los inquilinos y obliga a la revelación detallada de todos los gastos en anuncios y contratos. Para los departamentos con renta estabilizada, la Junta de Directrices de Alquiler fijó incrementos específicos para contratos que comiencen entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.
La situación difiere para las propiedades no reguladas, que operan en el mercado libre. En estos casos, no existe un tope legal para los aumentos, aunque los propietarios deben notificar con anticipación (30, 60 o 90 días) y los ajustes deben ser razonables, vinculados comúnmente a la inflación. De no cumplirse, los inquilinos pueden iniciar acciones legales.
A finales de marzo de 2026, los precios continuaban al alza. En Brooklyn, por ejemplo, el alquiler promedio se ubicaba cerca de los 4300 dólares mensuales. Según estimaciones de Zillow, el promedio en la ciudad supera los 3500 dólares, cifra por encima de la registrada en otras metrópolis estadounidenses como Los Ángeles, Miami, Dallas o Chicago.
Expertos consultados por medios como el New York Post señalan que la combinación de regulaciones podría estar generando efectos no deseados. Jordan St. John, especialista en bienes raíces, indicó que la ley FARE habría llevado a algunos propietarios a incorporar costos antes separados directamente al precio del alquiler, elevándolo. Por su parte, Gary Malin, de Corcoran, explicó que las restricciones a las bonificaciones por viviendas vacías y los límites de rentabilidad en propiedades reguladas podrían estar desincentivando la oferta de ciertos inmuebles, lo que a su vez presionaría al alza los precios en el sector no regulado.
El debate se centra en la efectividad de las políticas implementadas. Mientras las autoridades destacan la protección al inquilino y la transparencia, algunos analistas argumentan que el resultado ha sido un mercado más tenso y costoso, especialmente para inquilinos de propiedades no reguladas y para nuevos contratos.