El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación por su patrimonio, mientras crecen las denuncias por préstamos privilegiados en el Banco Nación a funcionarios oficialistas.
Se cumple un mes desde que estalló el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En una entrevista televisiva, el funcionario se refirió a un viaje a Nueva York, lo que desencadenó una serie de cuestionamientos sobre su patrimonio, incluyendo propiedades adquiridas con maniobras bajo análisis y gastos difíciles de justificar.
Paralelamente, la Justicia avanza en la investigación. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó y el juez Ariel Lijo aprobó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Adorni, su esposa y una empresa vinculada. El objetivo es profundizar en dos ejes: los viajes al exterior del funcionario y la adquisición de propiedades mediante mecanismos como hipotecas privadas. También se levantó el secreto de otras personas involucradas en estas operaciones.
Este caso se suma a otros episodios que afectan al oficialismo. Recientemente, se conocieron detalles sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA, que incluye revelaciones sobre comunicaciones en momentos clave de su lanzamiento. Asimismo, continúa la investigación por el presunto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que ahora incluye una suma aproximada de 76 mil millones de pesos.
Otro escándalo que generó repercusiones es el de los préstamos del Banco Nación. Según información difundida en los últimos días, al menos una veintena de funcionarios y legisladores vinculados al gobierno accedieron a créditos millonarios otorgados por la banca pública. Los montos en algunos casos superan los 500 millones de pesos, con plazos de hasta 30 años y tasas cercanas al 4,5%, condiciones muy por debajo de las del mercado. Entre los beneficiarios figuran integrantes del equipo económico, lo que desató denuncias judiciales por posible defraudación, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
En una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei se refirió a este último caso. La Justicia será la encargada de determinar si los funcionarios incurrieron en algún delito. Más allá del aspecto legal, el episodio ha generado un debate sobre la coherencia ética de estas prácticas en un gobierno que construyó su identidad política criticando al Estado y afirmando que «no hay plata».
En medio de estos hechos, el presidente Milei realizó nuevas críticas contra periodistas. Mientras tanto, los avances de las causas judiciales ocupan las portadas de diarios de diversas orientaciones políticas.