En las últimas semanas, varios expedientes en tribunales federales han cobrado nuevo impulso, incluyendo investigaciones que alcanzan a figuras del oficialismo. Paralelamente, se registran debates al interior del Poder Judicial.
En el último mes, los tribunales federales con sede en Comodoro Py han dado un impulso significativo a varias causas por presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno nacional, incluyendo al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y al exjefe de Gabinete, Nicolás Posse. Este movimiento judicial ocurre en un contexto de discusiones internas dentro del Poder Judicial sobre la selección de magistrados.
El punto de partida de este escenario se situó a principios de marzo, tras la revelación periodística sobre el uso del avión presidencial por parte de la esposa del entonces ministro coordinador, Manuel Adorni, durante una gira oficial. Este hecho derivó en la apertura de varias líneas de investigación. Entre las causas que han avanzado se encuentran una por la supuesta compra irregular de propiedades, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita; la investigación por la criptomoneda $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano; y el expediente de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que también investiga Lijo junto al fiscal Franco Picardi y donde ya hay un procesado.
Además, la semana pasada se sumó una investigación por créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios y legisladores oficialistas. Frente a este panorama, el oficialismo no ha logrado consolidar una estrategia de defensa unificada.
Paralelamente, se desarrolla un debate al interior del Poder Judicial. La Corte Suprema presentó a fines de marzo un plan para transparentar los concursos de selección de jueces, una iniciativa que no contó con la firma de su presidente, Horacio Rosatti. En el Consejo de la Magistratura, organismo clave en este proceso, se han manifestado posturas divergentes sobre la implementación de la propuesta, con llamados a un consenso más amplio y a un análisis pausado.
Algunos analistas, como el doctor en Derecho Alberto Binder, han señalado que existe una disputa por la designación de un gran número de cargos judiciales, lo que constituiría una negociación política de alto nivel que definirá la conformación del Poder Judicial federal en los próximos años. Esta dinámica interna es vista por algunas fuentes como un factor que influye en la aceleración de las causas contra el gobierno.