Declaraciones del presidente del máximo tribunal sobre la necesidad de acatamiento obligatorio de sus decisiones reavivan el debate sobre la uniformidad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se refirió ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) a la necesidad del «acatamiento obligatorio» de las decisiones del máximo tribunal. Este concepto busca reforzar la uniformidad en la interpretación de la ley en todo el país.
Recientemente, la CGT logró que la Justicia frenara la aplicación de la ley de modernización laboral. El juez Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar en una acción preventiva de inconstitucionalidad, suspendiendo 81 artículos de la norma. Entre los puntos suspendidos se encuentran el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho de huelga, el cálculo de indemnizaciones, la creación del banco de horas y el traspaso de la Justicia Nacional Laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
En Argentina, a diferencia de países como Francia o España, cualquier juez puede suspender de manera precautoria la vigencia de una ley. Esta situación ha generado debates sobre la seguridad jurídica, especialmente en el fuero laboral.
Un ejemplo de divergencia ha sido la actualización de las indemnizaciones laborales. En febrero de 2024, la Corte Suprema rechazó un método de ajuste aplicado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que, según el tribunal, generaba incrementos exponenciales en las deudas de las empresas. Sin embargo, se reporta que, posteriormente, las salas de dicha cámara han aplicado hasta seis criterios diferentes de ajuste.
La Corte Suprema ha emitido fallos que buscan establecer límites en esta materia. En casos como Oliva, Lacuadra y Domínguez, el máximo tribunal revocó sentencias del fuero laboral que aplicaban intereses sobre intereses, incrementaban montos indemnizatorios en porcentajes muy elevados o imponían multas consideradas desproporcionadas.
Frente a esta dispersión de criterios, la nueva ley de modernización laboral incluyó en su artículo 89 una disposición que establece que los jueces deben ajustar sus decisiones a la interpretación de la Constitución y las leyes que realice la Corte Suprema. No obstante, la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley plantea un nuevo escenario judicial que deberá ser resuelto.