Un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) revela que el 22,6% de los trabajadores no ingiere alimentos en su horario laboral y que el 83,5% reduce la cantidad o calidad de lo que come por razones económicas. La alimentación en el trabajo se consolida como un reflejo de la desigualdad estructural del mercado laboral argentino.
La alimentación durante la jornada laboral en Argentina dejó de ser una práctica garantizada para convertirse en un reflejo directo de la desigualdad social y económica. Así lo evidencia el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), que muestra que casi uno de cada cuatro trabajadores no come durante su jornada laboral, mientras que un 83,5% reduce la cantidad o calidad de alimentos por motivos económicos.
El estudio, basado en una encuesta nacional a 1.171 asalariados, advierte que los hábitos alimentarios están profundamente condicionados por variables como el nivel de ingresos, el tamaño de la empresa y el sector de actividad. En ese contexto, la comida durante el trabajo no solo depende de la voluntad individual, sino de las condiciones materiales disponibles: infraestructura, tiempo, ingresos y organización laboral.
Los datos muestran que, si bien el 77,4% de los trabajadores declara comer durante su jornada, el 22,6% no lo hace, lo que implica que millones de personas quedan excluidas de una práctica básica para el bienestar. Esta situación se agrava entre los trabajadores de menores ingresos, en empresas pequeñas y en sectores con menor calificación.
La restricción económica aparece como el factor más determinante: más de la mitad de los trabajadores admite haber salteado comidas o haber optado por alimentos menos nutritivos por falta de dinero. Solo un 16,5% está exento de estas privaciones, lo que confirma que la calidad alimentaria está fuertemente atravesada por el poder adquisitivo.
A su vez, el entorno laboral profundiza estas diferencias. La presencia de comedores, heladeras o microondas, así como los aportes del empleador, se asocian con mejores hábitos alimentarios y menor privación. En cambio, la ausencia de estas condiciones obliga a muchos trabajadores a comer en sus puestos o incluso a no comer.
El informe también revela cambios en la forma de alimentarse. El 41,5% de los trabajadores come en su escritorio o puesto de trabajo, mientras que solo el 38,9% accede a un comedor laboral. Esto refleja una progresiva degradación de la experiencia alimentaria, cada vez más individualizada y precarizada.
En términos de comensalidad, si bien el 61,8% comparte la comida con compañeros, un 32,3% come solo, una proporción que crece con la edad, en empresas pequeñas y en contextos de menor infraestructura. El fenómeno se profundiza con el teletrabajo, donde el 77% de los trabajadores come en soledad.
Otro dato clave es la pausa para comer: aunque el 74% de los trabajadores logra realizarla de manera regular, casi uno de cada cuatro enfrenta dificultades para hacerlo. Las mayores restricciones se registran en el sector público, entre trabajadores de menores ingresos y en entornos con escasa infraestructura.
Las consecuencias de estos hábitos no son menores. El informe advierte que el 23,1% de los trabajadores presenta obesidad, lo que refuerza el vínculo entre condiciones laborales, alimentación y salud. La mala alimentación, asociada a la falta de tiempo, recursos y organización, se convierte así en un factor de riesgo creciente.
Frente a este escenario, existe una fuerte demanda de cambios: el 80,4% de los trabajadores está a favor de recibir aportes del empleador para la alimentación, mientras que el 76% considera que contar con una pausa adecuada mejoraría su bienestar. Además, más de la mitad cree que estos beneficios impactarían positivamente en su salud.
El informe concluye que la alimentación en el trabajo no es un aspecto secundario, sino una dimensión central del bienestar laboral. En un contexto de crisis económica, garantizar condiciones adecuadas para comer durante la jornada aparece no solo como una necesidad social, sino como una inversión estratégica en salud, productividad y calidad de vida.