La marca de indumentaria infantil Owoko, fundada en 2003 por María Fernanda González Zeolla y Martín Boero, ingresó en concurso preventivo por una fuerte caída de ventas, sobrestock y acumulación de deudas. La medida judicial alcanza a las sociedades Kokoloko y De Niños, que suman un pasivo total de más de 2.800 millones de pesos.
Owoko, la reconocida marca de ropa infantil, se suma a la lista de empresas textiles con dificultades financieras. La firma entró en concurso preventivo, según lo dispuesto por el Juzgado Comercial N° 9, a cargo de Javier Cosentino. La medida afecta al conjunto económico integrado por las sociedades Kokoloko y De Niños, titulares de la marca.
Fundada en 2003 como un proyecto personal y familiar, Owoko comenzó con una colección de prendas para una feria en Valencia, España. Tras el éxito inicial, en octubre de 2004 abrió su primer local en el barrio porteño de Palermo. Hasta 2018, la marca llegó a operar 42 tiendas exclusivas, emplear a 120 personas y dar trabajo a 500, con presencia en centros comerciales como Galerías Pacífico y Unicenter.
Sin embargo, el esquema operativo comenzó a mostrar signos de agotamiento financiero en 2025. Según la presentación judicial, Kokoloko entró en cesación de pagos el 4 de noviembre de 2025. Las empresas detallaron una combinación de factores macroeconómicos y demográficos que afectaron su rentabilidad, sumado a un embargo de ARCA (exAFIP) que, según denunciaron, destruyó su calificación crediticia.
De acuerdo con los estados contables, De Niños exhibe un pasivo de $1.457 millones, mientras que Kokoloko reporta $1.354 millones. Las deudas se concentran en obligaciones bancarias, previsionales, comerciales y fiscales, con un fuerte incremento entre 2024 y 2026 debido a la alta inflación y la caída de planes de pago previos.
Como consecuencia, De Niños dio de baja sus locales en centros comerciales como Abasto, Shopping TOM, Avellaneda, Aguirre, Soleil y Galerías Pacífico, y la nómina de empleados se redujo a 39 puestos registrados. Con la apertura del concurso, la Justicia suspendió los juicios patrimoniales y levantó medidas cautelares para permitir la continuidad operativa. El 7 de julio es la fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación.