Tres familias de la ciudad de Córdoba presentaron denuncias por presunto abuso sexual infantil contra un colegio privado con conducción parcialmente religiosa. A más de seis meses de las primeras dos presentaciones, las familias denuncian que la Justicia no avanzó y que la institución educativa nunca dio respuestas.
Macarena Martín Ubiergo, abogada representante de las familias denunciantes, confirmó en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM) que su estudio jurídico acaba de presentar una tercera denuncia. La nueva denunciante es madre de una niña cuyos relatos, pesadillas y comportamientos fueron surgiendo a lo largo de varios meses y, al ser contrastados con los de las otras dos familias, apuntaron a una posible vinculación entre los casos.
«Por una serie de eventos y acontecimientos que esta mamá ha podido entender que se encuentran ligados a los otros dos hechos, ha decidido realizar la denuncia», explicó la letrada. «Al tener comunicación con las otras mamás, han podido determinar que podrían estar vinculados todos estos eventos».
La tercera presentación recayó en una fiscalía diferente a las dos anteriores. Ubiergo expresó que eso genera expectativa: «Esperamos que, ya que en este caso la fiscalía sorteada es diferente a las otras dos, tengamos un resultado distinto en la investigación y tal vez un poco más rápido».
Las dos primeras denuncias fueron radicadas en octubre del año pasado. Una tramita ante la Fiscalía N° 2, a cargo del fiscal Mario Mazzuchi; la otra, ante la Fiscalía N° 3, bajo la conducción de Jorgelina Gómez. Según la abogada, ninguna de las dos registró avances procesales significativos.
«Han sido denuncias muy graves, con muchos elementos que tendrían que haber sido investigados y puestos a disposición de la justicia», señaló Ubiergo. «Desde la fiscalía consideramos que no se ha investigado tanto ni se han interiorizado dada la gravedad de los hechos».
Uno de los ejemplos más concretos de la falta de movimiento: en una de las causas, la madre denunciante nunca había sido convocada a declarar. «Tuvimos que presentar una declaración de la madre por escrito porque, a pesar del tiempo transcurrido, no había sido citada a declarar. Recién ahí la citaron de manera inmediata», describió la letrada.
La defensa también solicitó la unificación de las causas, pedido que hasta ahora fue rechazado. «Desde las otras fiscalías responden que todavía no consideran que existan elementos para unificarlas», indicó.
Según lo informado, el colegio tampoco dio respuestas a las familias afectadas. Ubiergo describió la situación como «llamativa y dolorosa» para quienes tenían a sus hijos en la institución desde hacía más de una década. «Estamos hablando de familias que han tenido a sus hijos por más de 10 años en la institución y la realidad es que las respuestas han sido prácticamente nulas», afirmó la abogada.
La única instancia de contacto fue «una breve reunión el año pasado con el representante legal de la institución, pero muy por encima, diciendo que ‘ya se investigará’ pero que con la escuela no tiene nada que ver».
A eso se suma otro dato que la letrada calificó de sorprendente: entre 10 y 14 familias habrían decidido retirar a sus hijos del colegio desde que los hechos salieron a la luz. «El colegio nunca ha preguntado el motivo de por qué sacaban a estos niños; simplemente se han limitado a preguntar a dónde», relató.
Ante la pregunta sobre si la conducción religiosa del establecimiento podría tener relación con los hechos denunciados, Ubiergo fue cautelosa pero no descartó la línea: «Hay una serie de indicios o presunciones que indicarían que los hechos podrían estar ligados a alguna persona de la comunidad religiosa. No me quiero apresurar, se lo quiero dejar a la investigación de la justicia con todos los datos objetivos y concretos que vamos aportando».
La abogada fue contundente sobre la postura del estudio jurídico: «No vamos a dejar de estar encima de la causa por nuestro trabajo y por la gravedad que tiene. Esperamos que se le dé la seriedad que realmente tiene el asunto».