La Sala II de la Cámara de Casación Penal admitió el recurso presentado por la fiscalía para analizar si el Tribunal Oral Federal N° 6 debió aplicar la agravante de femicidio en la condena a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de magnicidio contra la ex presidenta.
La Sala II de la Cámara de Casación Penal, con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, hizo lugar al recurso de queja presentado por la fiscalía y concedió el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 6. Dicho tribunal había condenado a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión y a Brenda Elizabeth Uliarte a ocho años por el atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.
Con esta decisión, Casación habilita la revisión integral del fallo para determinar si el tribunal oral omitió aplicar la agravante de femicidio. La tercera integrante del tribunal, Ángela Ledesma, no firmó la sentencia por encontrarse en uso de licencia.
La Cámara de Casación recibió al ministro Juan Bautista Mahiques y analizaron la implementación del nuevo sistema penal. Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), solicitó que se aplique la figura de femicidio al considerar que el accionar de los imputados se inscribió en un contexto de violencia simbólica y hostigamiento mediático que buscaba el debilitamiento de la víctima por su condición de mujer política.
Las fiscales subrayaron que «la violencia de género que exige el tipo penal se expresa con claridad en este caso a través de una conducta que revela que está dirigida a sostener y reafirmar esas relaciones desiguales de poder».
La UFEM cuestionó el razonamiento del TOF N° 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, que había descartado aplicar la figura de femicidio al considerar que no se probó una «animosidad individual» del imputado hacia el género femenino. Para las fiscales, esta visión desconoce el carácter estructural de la violencia de género y la modalidad de violencia política receptada en la ley 26.485.
Durante el juicio, la fiscalía solicitó 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y 14 años para Brenda Uliarte, considerándolos responsables de homicidio triplemente agravado por alevosía, empleo de arma de fuego y por mediar violencia de género. La presentación de la UFEM debe ser mantenida por el fiscal ante la Casación, Mario Villar. Si la impulsa, el máximo tribunal penal del país deberá decidir si valida el criterio del tribunal oral o si sienta un precedente sobre la aplicación de la perspectiva de género en ataques contra figuras públicas femeninas, reconociendo el impacto de la violencia política en el sistema democrático.
En su alegato, la fiscal Labozzetta sostuvo que en los días y meses previos al intento de asesinato existía un «contexto de violencia» que se fue gestando tanto en el país —recordó el ataque con piedras al despacho de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, carteles que la trataban de «asesina» y el derribo de una imagen suya en Santa Cruz— como en la región, mencionando los crímenes de las dirigentes políticas Brenda Cáceres (Honduras), Juana Quispe (Bolivia), Marielle Franco (Brasil) y el intento criminal contra Francia Márquez, entonces vicepresidenta de Colombia.