La Cámara Federal de Posadas ordenó frenar la resolución de Parques Nacionales que permitía microeventos sin estudios de impacto ambiental. El fallo responde a un amparo presentado por una asociación ambientalista.
POSADAS. La Cámara Federal de Posadas dictó esta semana una medida cautelar que suspende la resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales (APN), que habilitaba la realización de eventos privados de hasta 60 personas en el Parque Nacional Iguazú. La decisión se tomó tras una presentación de la Asociación Civil Orembae, que cuestionó la falta de estudios de impacto ambiental previstos para estas actividades.
Los magistrados Fabián Gustavo Cardozo, Mario Osvaldo Boldu y Mirta Delia Tyden argumentaron que la normativa de la APN solo exigía una declaración jurada de los organizadores, sin requerir evaluaciones ambientales previas. En primera instancia, la Justicia Federal de Iguazú había rechazado las objeciones de la organización ambientalista.
Martín Ferroni, abogado y referente de Orembae, celebró el fallo en un comunicado: “La Cámara comprendió que, en materia ambiental, la duda favorece a la naturaleza. No podemos esperar a que ocurra un daño irreversible para intervenir”.
Por su parte, desde Iguazú Argentina S.A., concesionaria del parque, y desde el sector turístico local expresaron su preocupación. Señalaron que la asociación ambientalista actúa “sin representatividad ni conocimiento de la actividad”, y que el fallo frena la posibilidad de ofrecer nuevas experiencias a los visitantes.
El Parque Nacional Iguazú es el más visitado del país, con un récord de 1.635.000 turistas en 2019, cifra que este año podría superarse. Entre los productos que impulsa la concesionaria se encuentran el “Paseo de la Luna” y la experiencia “Atardecer”, que incluía brindis para grupos reducidos frente al Salto Dos Hermanas.
La APN, bajo la dirección de Sergio Álvarez, sostiene que las áreas protegidas deben recibir más visitantes y generar nuevas experiencias para preservar la naturaleza a través de la valoración social. Sin embargo, este enfoque choca con la visión ambientalista, que objeta cualquier intervención en el entorno natural.
Desde el sector turístico lamentaron la suspensión de una normativa que consideraban necesaria para agilizar trámites y desburocratizar las reglas vigentes desde 2013, que calificaron como “totalmente desfasada”.