Un jurado federal en Miami halló culpables al excongresista David Rivera y a su socia Esther Nuhfer por actuar como agentes extranjeros sin registrarse, en el marco de un contrato millonario con una filial de la petrolera estatal venezolana.
El excongresista republicano de Miami, David Rivera, y su socia Esther Nuhfer fueron declarados culpables por un jurado federal en Miami por los cargos de conspiración y actuación como agentes extranjeros sin registro, en relación con un plan vinculado al gobierno de Venezuela.
Según la acusación, ambos trabajaron de forma encubierta para Venezuela en 2017 y 2018, presionando a funcionarios estadounidenses —entre ellos el entonces senador Marco Rubio— para promover intereses del régimen de Nicolás Maduro, a cambio de un contrato de 50 millones de dólares con PDV USA, filial de la petrolera estatal venezolana.
Rivera fue hallado culpable de siete cargos, que incluyen conspiración, actuación como agente extranjero no registrado y lavado de dinero. Nuhfer fue declarada culpable de cuatro cargos por conspiración y por operar para un gobierno extranjero sin declararlo. La investigación determinó que el contrato firmado en marzo de 2017 entre Interamerican Consulting —empresa dirigida por Rivera— y PDV USA derivó en pagos de aproximadamente 20 millones de dólares, autorizados por el gobierno de Maduro.
Ambos acusados enfrentan un posible decomiso de 20 millones de dólares, correspondientes a las ganancias obtenidas, parte de las cuales se usaron para comprar propiedades en Florida. La condena se dará a conocer el 20 de julio. Tras el veredicto, la jueza federal Melissa Damian ordenó la detención de Rivera, quien permanece bajo custodia en el Centro Federal de Detención de Miami. Nuhfer continuará en libertad bajo fianza hasta la sentencia.
La fiscalía argumentó riesgo de fuga ante una posible condena prolongada —más de diez años de prisión—, mientras que la defensa sostuvo que Rivera tiene vínculos familiares en Miami-Dade y no abandonaría el país. Durante el juicio, que duró cinco semanas, declararon 14 testigos, incluidos Marco Rubio y el congresista Pete Sessions, quienes afirmaron no conocer el contrato de consultoría en el momento de las reuniones.
Los abogados de Rivera y Nuhfer rechazaron las acusaciones y argumentaron que el contrato era con una empresa estadounidense, por lo que no requería registrarse como agentes extranjeros, y que las gestiones buscaban debilitar al gobierno venezolano y promover elecciones democráticas.