El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incorporó reconocimiento facial, huellas digitales y datos de redes sociales en sus operativos, según un informe de The Wall Street Journal.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos amplió su red de vigilancia migratoria mediante herramientas biométricas como reconocimiento facial y huellas digitales, según informó The Wall Street Journal. La nueva infraestructura incluye cámaras en patrullas, puentes y estacionamientos privados, así como datos comerciales de ubicación.
De acuerdo con el medio citado, el sistema permite a los agentes federales identificar patrones de conducta y localizar domicilios de personas bajo investigación, reduciendo en algunos casos la necesidad de vigilancia física constante. También facilita la identificación de vehículos asociados con individuos que tienen órdenes de deportación pendientes o antecedentes penales.
El programa Alternatives to Detention (ATD) ahora depende de la aplicación SmartLink, que exige que los usuarios se tomen fotografías para validar su identidad mediante algoritmos de comparación facial. Asimismo, la recolección de huellas dactilares y otros rasgos físicos alimenta una base de datos centralizada compartida entre distintas ramas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los agentes también analizan la actividad en plataformas sociales para verificar vínculos familiares, laborales o posibles riesgos a la seguridad pública. El ICE accede a registros de servicios públicos, como facturas de agua o electricidad, para confirmar paraderos incluso en estados que limitan la cooperación directa con las autoridades migratorias.
Según el reporte, la entidad gubernamental mantiene contratos vigentes con compañías como Palantir Technologies, para análisis geoespacial y cruce de datos, y Cellebrite, para extracción forense de teléfonos. Esta estrategia permite procesar información de fuentes públicas y privadas para generar alertas automáticas cuando un objetivo detectado por el sistema interactúa con cualquier servicio.
Las cifras presentadas indican que el gasto en servicios de vigilancia basada en la nube y licencias de software especializado aumentó sustancialmente en el último trienio, con aproximadamente 2.800 millones de dólares en contratos con empresas de tecnología y datos. El ICE justifica este presupuesto al argumentar que es un método más humano y eficiente frente a los centros de detención física, que presentan costos operativos superiores.
El reportaje también documenta que estas capacidades incluyen datos de ciudadanos estadounidenses, no solo de personas sin estatus migratorio legal. Casos legales en curso señalan el uso de datos personales en investigaciones sin órdenes judiciales claras, lo que ha derivado en demandas por posibles violaciones constitucionales.