El fuerte ajuste firmado por Caputo y Adorni alcanza a todas las áreas del Estado, incluyendo Educación, Salud y Seguridad, mientras los ministros analizan el impacto sin críticas públicas.
El fuerte y masivo recorte del gasto público, firmado ayer por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y publicado en el Boletín Oficial, genera desconcierto y preocupación entre los ministros de Javier Milei. Sin críticas públicas al mega recorte, que modifica el presupuesto 2026 votado por el Congreso y poda unos $2,5 billones, obligará a la mayoría de los ministros y secretarios a “ajustarse el cinturón”, en momentos de tensión interna por las denuncias judiciales contra el jefe de gabinete por su presunto crecimiento patrimonial y en un contexto de deterioro del sector público, con despidos en diferentes áreas y una caída salarial de 37% en dos años, según datos del Indec. El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto. La intención es alcanzar el superávit fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Estamos analizando las planillas”, fue el latiguillo repetido en dos despachos importantes, cuidadosos con no contradecir las medidas, explicaron a LA NACION. Desde el Ministerio de Economía se esmeraron por dejar en claro que el recorte “lo definió cada área”. “Recién me entero, lo voy a ver”, contestó otro funcionario, sin el detalle fino de los recortes, que abarcan todas las áreas del Estado, incluso algunas centrales como Educación (recorte de $78.000 millones), Salud (otros $70.000 millones, incluyendo el PAMI) y Seguridad (unos $25.000 millones en distintos rubros). También se reasignan cerca de $160.000 millones, pero en este caso para solventar un plan de retiros voluntarios en la Anses, otra de las reparticiones en la mira del Ministerio de Economía, donde ya se vive (como en otras reparticiones del Estado) un clima de tensión por los bajos salarios.
En la previa de la nueva Marcha Federal de las universidades por el cumplimiento de la vigente ley de financiamiento educativo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió el ajuste en su área. “Es una confusión, son fondos del Ministerio de Economía provenientes de un crédito de CAF que se iban a utilizar para obras muy cuestionables en las universidades”, dijo el funcionario hoy en Radio Rivadavia. Entre las universidades más afectadas según las planillas oficiales figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043 millones; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones; Río Cuarto, con $680 millones; y Entre Ríos, con una baja de $540 millones.
Desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, explicaron sobre otros recortes en el área educativa, como el plan Nacional de Alfabetización ($35.000 millones), la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), Infraestructura escolar ($21.000 millones) y el programa de becas estudiantiles ($559 millones menos). “Las modificaciones administrativas responden a un proceso de reorganización y optimización de recursos públicos, orientado a garantizar una gestión más eficiente, transparente y focalizada en resultados”, afirmaron fuentes de ese ministerio.
El Ministerio del Interior fue uno de los más afectados, con un recorte general de $320.000 millones, que incluye transferencias a las provincias para el pago de gastos corrientes. “Estamos bajando el gasto”, señalaron, escuetos y con tono triunfante, cerca del ministro Diego Santilli, que al igual que otros de sus colegas estará hoy por la tarde frente a Adorni y Caputo, en la reunión de mesa política, en Casa Rosada. Desde una de las provincias afectadas reconocieron, sin embargo, que “nos recortan una parte de lo que estaba presupuestado” en el área de obra pública, lo que generará “atrasos” en la ejecución de esas obras.
Los propios ministros, que tenían sus sueldos congelados por orden presidencial, comenzaron a recibir desde enero aumentos “por debajo de la inflación”, según aclararon en el Gobierno, y lo mismo ocurre con los secretarios, con recomposiciones salariales que no cubren los aumentos del costo de vida. El área de Cultura, que encabeza el secretario Leonardo Cifelli, cercano a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, es otro de los sectores afectados. Sólo en el Palacio Libertad, donde funciona el Centro Cultural Sarmiento (ex CCK), el recorte alcanza a $2.000 millones. “Cada ministerio realizó reducciones y reordenamientos sin alterar sus objetivos estratégicos, y Cultura no es la excepción”, explicaron, diplomáticos, desde la secretaría, que tuvo una poda del 2% del gasto corriente y del 20% del gasto de capital.
En tren de defender el recorte, fuentes oficiales dejaron en claro que no se salvó ni la Casa Rosada, a cargo de la secretaría general: el recorte alcanza “la puesta en valor de la fachada” del edificio, al que le rebanaron $29 millones, y una cifra similar en la renovación de su red eléctrica. Caputo posdató el pago a la mayoría de los organismos internacionales por un tiempo.