La vicepresidenta Victoria Villarruel inició una querella por calumnias e injurias contra el diputado Luis Petri, luego de que la Justicia desestimara una denuncia previa. Petri denunció que la acción incluye una restricción judicial para que no pueda referirse públicamente a ella.
Este miércoles, el diputado liberal Luis Petri respondió a través de redes sociales a la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que la funcionaria presentara una querella por calumnias e injurias con una medida cautelar que limita sus declaraciones públicas sobre ella.
“No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…!”, publicó el legislador en su cuenta de X.
Recientemente, fue desestimada por inexistencia de delito la denuncia que Villarruel había presentado contra Petri, luego de que el legislador la calificara de “golpista”. En aquella presentación, la vicepresidenta también incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores del noticiero de prime time de A24.
Tras el revés judicial, la titular del Senado volvió a accionar contra el exministro de Defensa, esta vez acusándolo de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión, junto con una infracción al artículo 213 bis del Código Penal, referido a la “coerción ideológica”.
Si bien el Juzgado Federal Criminal Correccional N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, descartó la configuración de delitos de acción pública al considerar que los hechos no constituyen ilícito alguno, la funcionaria insistió con su demanda e impuso a Petri una restricción judicial para que no pueda mencionarla públicamente.
El cruce entre Petri y Villarruel se originó cuando el diputado libertario por Mendoza afirmó que la vicepresidenta estaba siendo “funcional a la oposición” por sus actitudes previas a la apertura de sesiones ordinarias, y la calificó de “golpista”, cuestionando su rol institucional.
A pesar de la insistencia de la vicepresidenta, la Justicia indicó que las declaraciones mencionadas no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático, por lo que las denuncias no prosperaron. El juez Ramos convalidó el dictamen del fiscal Ramiro González, quien sostuvo que las declaraciones del exministro de Defensa podían encuadrarse dentro del marco de la opinión y crítica política.