El Estado argentino sufre un nuevo recorte presupuestario que afecta a la lucha contra el cáncer, la compra de remedios y la seguridad. Mientras tanto, crecen las denuncias por sobreprecios y contratos cuestionados.
Desde el lunes pasado, el Estado argentino fue objeto de un nuevo ajuste de gastos, anunciado por el Gobierno. Según la resolución firmada por Manuel Adorni y Luis Caputo, habrá menos dinero disponible para varias áreas sensibles:
- $63.000 millones menos en investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer.
- $20.000 millones menos en remedios.
- $500 millones menos en prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles.
- $800 millones menos en respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra.
- $900 millones menos en desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable.
- $1.500 millones menos en prevención de enfermedades endémicas.
- $25.000 millones menos en fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales.
El ajuste también alcanza a la seguridad: la Gendarmería Nacional sufrió un recorte de $1.819 millones en su “Servicio de Investigación de Operaciones Complejas y Operaciones Antidrogas”. El periodista Germán de los Santos informó que algunos móviles de gendarmería se quedan sin combustible para perseguir a narcotraficantes.
En paralelo, crecen las denuncias por corrupción en áreas sensibles. Un informe oficial del Ministerio de Salud detalla sobreprecios en la compra de suministros para la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión libertaria, comandada por Diego Spagnuolo, amigo del presidente. Además, el diputado libertario Manuel Quintar, dueño de clínicas con contratos estatales, fue visto con una Cybertruck de Tesla, mientras que su contador fue designado jefe del PAMI, entidad que tiene múltiples contratos con sus emprendimientos.
El presidente Javier Milei defendió a Quintar diciendo que “si tiene plata, que se compre lo que le parezca”, y calificó los cuestionamientos de “argumentos comunistas”.
El ajuste se produce en un contexto donde la recaudación cayó tras el mayor ajuste de la historia, lo que obliga a nuevos recortes. Especialistas y exfuncionarios, como Susana Decibe y Sandra Pitta, critican el abandono de la educación y la ciencia, mientras que el Gobierno insiste en defender el superávit fiscal.
