El sector privado organizado en Guatemala, a través del CACIF, instó al Congreso a aprobar con urgencia la ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, advirtiendo que el país podría ingresar a la lista gris del GAFILAT con consecuencias económicas directas.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un pronunciamiento en el que solicitó al Congreso de Guatemala la aprobación urgente de la ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La declaración fue leída por Carlos Arias Bouscayro, presidente de la entidad para el período 2026-2027, a través de los canales oficiales de la organización.
Según el CACIF, el país enfrenta el riesgo de ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) si el Congreso no actúa a tiempo, lo que afectaría directamente las remesas, el crédito, la inversión y las operaciones financieras que sostienen a millones de familias. El sector empresarial situó el plazo crítico en el 2 de junio.
En la ronda de preguntas posterior al comunicado, Arias Bouscayro afirmó que esa fecha sería “la última” con margen para que la norma no solo se apruebe, sino que pueda implementarse antes de la visita prevista de GAFILAT a Guatemala en febrero. Explicó que la ley debió quedar aprobada el año pasado y que el cálculo original apuntaba a que debía salir a más tardar el 15 de mayo. “No es que la ley esté pasada, tiene que estar implementada”, sostuvo.
El pronunciamiento indicó que la discusión “no es ideológica ni política”, sino una decisión sobre “el futuro económico del país”, la confianza internacional en Guatemala y la protección de ciudadanos, trabajadores, emprendedores y empresas.
El CACIF advirtió que la inclusión en la lista gris elevaría costos y controles sobre remesas y crédito. En el comunicado, afirmó que el costo de operar esos envíos podría aumentar 40% y que podrían aparecer controles más estrictos y límites al monto mensual que las familias recibirían en Guatemala. La organización vinculó ese impacto con la vida cotidiana de los hogares y con la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara de Construcción, declaró que una restricción sobre las remesas afectaría la compra de vivienda. Explicó que una parte importante de la adquisición de casas proviene de esos recursos y que, si se limita cuánto dinero puede recibir cada familia al mes, “básicamente desaparecería la capacidad para adquirir vivienda”.
El comunicado subrayó el papel de las corresponsalías bancarias, descritas como los bancos fuera de Guatemala que sostienen transferencias internacionales, inversiones, importaciones, exportaciones, cartas de crédito, pagos con tarjetas y remesas. Según CACIF, si el país entra en la lista gris, esas operaciones podrían encarecerse y volverse más complejas, con una pérdida de competitividad para toda la economía.
En la conferencia, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), Francisco Ralda, afirmó que la falta de aprobación de la ley se observa “con mucha preocupación”. Dijo que, para los exportadores, quedar en la lista gris de GAFILAT sería “la sentencia de muerte” en un contexto en el que ya enfrentan problemas de puertos, vialidad, burocracia, trámites, aprobaciones y licencias.
Arias Bouscayro añadió que Guatemala viene trabajando desde hace años para alcanzar el grado de inversión y sostuvo que caer en la lista gris destruiría “el esfuerzo de los últimos 10 años”. Mencionó el caso de Panamá y afirmó que a ese país le tomó seis años salir de la lista gris.
Consultados sobre por qué el Congreso no ha aprobado la ley, los representantes del sector privado dijeron que no querían especular sobre las razones específicas. Sí afirmaron que ven una necesidad “imperante” y que identifican un grupo de diputados “cada vez más grande” que considera urgente sacar adelante la norma.
En el pronunciamiento, CACIF afirmó que durante varios meses distintos sectores participaron en discusiones técnicas, presentaron observaciones, construyeron consensos y agotaron vías institucionales para impulsar la iniciativa. La organización sostuvo que los principios y alcances de la ley “han sido ampliamente discutidos y explicados”.
El llamado del sector privado se produjo mientras los diputados buscaban acuerdos sobre el tema. El presidente del Congreso, Luis Contreras, ha insistido en la posibilidad de que la ley pueda aprobarse el 2 de junio en una sesión extraordinaria.