Expertos analizan las implicancias políticas, económicas y de seguridad de una posible presidencia de Claudia López en Colombia en 2026, en un contexto de Congreso fragmentado y tensiones regionales.
La eventual llegada de Claudia López a la Presidencia de la República en 2026 reabre un debate sobre la capacidad de gobernabilidad en un país con tensiones políticas, crisis de seguridad y un Congreso fragmentado. Aunque la exalcaldesa de Bogotá no lidera las encuestas, su nombre es objeto de análisis académico sobre un posible cambio de rumbo frente al gobierno de Gustavo Petro.
Felipe Melo, politólogo y asesor legislativo, señaló que uno de los primeros movimientos de López estaría en seguridad: buscaría reemplazar la política de ‘Paz Total’ por una estrategia contra el crimen organizado transnacional. «Claudia López iniciaría su gobierno con una doble señal de ruptura y continuidad selectiva respecto al gobierno Petro. La ruptura se expresaría en la esfera de la seguridad», afirmó.
Melo sostuvo que ese cambio tendría consecuencias en la doctrina militar y en la relación con Estados Unidos, y generaría tensiones con sectores progresistas que apoyan los diálogos de paz con el ELN. Pese a ello, consideró que López mantendría algunas políticas sociales, como programas de transferencias condicionadas y componentes de la reforma laboral.
En materia de descentralización fiscal, Melo indicó que la propuesta más ambiciosa de López son los presupuestos participativos regionales. «La implementación enfrenta obstáculos considerables porque requiere reformas normativas, capacidad técnica territorial y sistemas de rendición de cuentas que el Estado colombiano todavía no desarrolla plenamente», explicó. Agregó que este modelo podría reducir desigualdades, pero también replicar problemas de clientelismo.
En economía, Melo advirtió que propuestas como la economía del cuidado y empleos verdes carecen de una hoja de ruta financiera concreta. En seguridad, describió el enfoque de López como orientado a priorizar cooperación internacional e inteligencia financiera, reduciendo la confrontación armada directa.
Sobre la relación con el Congreso, Melo recordó la experiencia de López en la Alcaldía de Bogotá como antecedente: «Alta conflictividad con el establecimiento, comunicación directa y agresiva con la opinión pública, capacidad de implementación en algunas áreas, pero también fracturas con aliados y dificultades para construir coaliciones estables». El riesgo, según Melo, es un gobierno que «gobierna hacia afuera» pero encuentra bloqueos legislativos.
Desde la política exterior, Camilo González Vides, académico de la Pontificia Universidad Javeriana, proyectó un cambio en la relación con Estados Unidos, alejándose de un enfoque exclusivamente militar hacia una cooperación más madura. También prevé un fortalecimiento de vínculos comerciales con Asia, especialmente en tecnología y sostenibilidad.
González Vides indicó que López buscaría una participación de Colombia en una transición democrática en Venezuela, y que la crisis diplomática con Ecuador podría generar tensiones debido a diferencias en la estrategia de seguridad. Además, anticipó una relación cercana con gremios empresariales para coordinar la política comercial.
Los expertos coinciden en que una eventual presidencia de López implicaría cambios en seguridad, descentralización fiscal y diversificación comercial, pero también abriría interrogantes sobre gobernabilidad y capacidad institucional en un escenario político fragmentado.