El contador que trabajaba para el narcotraficante Esteban Alvarado y para el entonces juez federal Marcelo Bailaque aceptó una condena y se convirtió en imputado colaborador, en el marco de la audiencia que define si el exmagistrado va a juicio oral.
ROSARIO.– En la audiencia en la que se define si el exjuez federal Marcelo Bailaque va a juicio oral por presunta connivencia con el narcotráfico, el contador Gabriel Mizzau aceptó una condena y se presentó como imputado colaborador. Mizzau trabajaba para las empresas del narcotraficante Esteban Alvarado y, al mismo tiempo, manejaba las cuentas personales del magistrado que debía investigar al jefe criminal.
Mizzau es el tercer arrepentido en esta causa. Según lo informado en la audiencia, revelará información sobre el crecimiento patrimonial del exmagistrado, quien actualmente se encuentra detenido en su domicilio.
El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, informó que Mizzau suscribió un acuerdo pleno en el que reconoce su culpabilidad, con una pena definida y un convenio de colaboración como imputado, en el marco del artículo 41 ter del Código Penal. Este artículo permite el aporte de información relevante a cambio de una reducción de la pena.
La causa se originó después de que el 11 de junio de 2024 se revelara que Bailaque compartía contador con el jefe narco que debía investigar, y que el hijo de Mizzau había ingresado a trabajar en el juzgado federal N°4, a cargo del exmagistrado. Esta revelación motivó la investigación fiscal contra Bailaque.
“Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica”, declaró Iglesias. La audiencia de control de acusación contra Mizzau fue declarada abstracta, dado que el acusado admitió su responsabilidad.
Mizzau estaba acusado de lavado de activos por asesoramiento contable a un entramado societario montado por Alvarado desde 2014. Las empresas Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra funcionaban como pantallas del narco para blanquear su economía. Alvarado acumuló una fortuna mientras Bailaque, en la justicia federal, no lo investigaba. La primera condena contra Alvarado fue en el fuero provincial.
Mizzau firmó balances, gestionó habilitaciones municipales y no realizó reportes de operaciones sospechosas, mientras llevaba las cuentas del juez a cargo de la causa contra Alvarado. En la publicación de 2024, Bailaque reconoció que Mizzau era su contador, pero dijo desconocer que asesorara al narcotraficante.
A partir de esa publicación, el Consejo de la Magistratura aceleró la investigación. En noviembre de 2024 se formalizó la investigación penal. El 30 de abril de 2025, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dictó prisión preventiva por 90 días, con la salvedad de que no podía hacerse efectiva mientras conservara los fueros. Bailaque fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos. Presentó su renuncia en junio de 2025, que fue aceptada el 30 de ese mes. Desde el 1° de julio, está detenido en su domicilio.
Previamente, Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, se presentó como arrepentido en marzo de 2025, admitiendo que en una cena en el quincho de Bailaque se planificó una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias para extorsionarlo. Iglesias pagó 140.000 de los 200.000 dólares exigidos. También Fernando Whpei, titular del Grupo Unión, se sumó como colaborador, revelando el manejo irregular de fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín.
Con tres arrepentidos, los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron en febrero de 2026 tres acusaciones formales y solicitaron una pena de 10 años de prisión, cinco de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco de inhabilitación absoluta y multas. En el escrito, calificaron las conductas de Bailaque como “un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El capítulo más grave de la acusación se vincula con la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó informes que señalaban al narco. El entonces fiscal Marcelo Di Giovanni pidió intervenciones telefónicas, pero Bailaque las rechazó o demoró hasta once meses. Recién en 2019, cuando Alvarado ya estaba detenido por fiscales provinciales, Bailaque lo procesó. Alvarado fue condenado a prisión perpetua por la justicia provincial y a 15 años por el fuero federal.
La decisión de Mizzau de colaborar aporta información patrimonial que permite avanzar en causas conexas, según indicaron los fiscales. El juicio oral, que se esperaba para el primer semestre de 2026, es ahora inminente.