El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, concedió la apelación del Gobierno nacional contra la medida cautelar que obligaba a regularizar en 72 horas las deudas con prestadores de discapacidad de PAMI e Incluir Salud. La cautelar continúa vigente hasta que la Cámara Federal se expida.
Las autoridades nacionales apelaron la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja que obliga a regularizar en 72 horas las deudas con prestadores de discapacidad de PAMI e Incluir Salud. El magistrado confirmó que concedió la apelación con efecto devolutivo, lo que significa que “la cautelar sigue vigente” mientras se espera que se expida la Cámara Federal. Además, se mantiene la medida porque el Gobierno “está en mora”.
El fallo de Vaca Narvaja tiene diez días y es la respuesta a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a diversas instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos cordobeses.
El juez estableció un “máximo de 72 horas” para que el Gobierno nacional cumpla con la orden. La cautelar tiene una vigencia de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento por parte de los organismos nacionales. La medida apunta a proteger a quienes cobran pensiones no contributivas y a los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD); busca asegurar la continuidad de servicios esenciales que, según plantean los amparistas, están “en riesgo por la falta de pagos”.
En su resolución, Vaca Narvaja enfatizó que las “demoras crónicas” y la interrupción en la entrega de medicamentos implican un “riesgo inminente” para quienes deben recibir esas prestaciones. “La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad”, señaló la resolución.
En otro orden, respecto del pasaje gratuito en colectivos de larga distancia para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer, el Gobierno nacional salió al cruce de las publicaciones que indicaban que podrían cortarse a partir de la resolución 28/2026, que eliminó el sistema de subsidios que compensaba a las empresas de micros. A través de la Oficina de Respuesta Oficial sostuvo que: “La gratuidad se mantiene totalmente vigente. Las empresas de micros están obligadas a seguir entregando los pasajes gratis”. Añadió que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) “va a seguir controlando que lo cumplan. Lo que se elimina es el subsidio que el Estado les pagaba a las empresas por esos pasajes. Con el nuevo régimen de libertad tarifaria, ya no corresponde que el Estado les compense ese costo. Ahora las empresas lo absorberán”.
Frente a la medida, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) señaló que la medida “llega en pleno litigio judicial, con una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones de pesos y una intimación de la Justicia federal pendiente de cumplimiento”.