La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dispuso que sus representantes desistan de recursos extraordinarios en causas donde se discute la aplicación del impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios, tras una serie de fallos adversos de la Corte Suprema.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adoptó un cambio en su estrategia procesal respecto de los casos judiciales en los que se discute la procedencia del impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones.
En Argentina, el universo de jubilados asciende a aproximadamente seis millones de personas. De ese total, cerca de 180.000 tributan el impuesto a las Ganancias sobre sus haberes jubilatorios. Entre el 55% y el 65% de los jubilados perciben el haber mínimo, mientras que el resto no alcanza a pagar el tributo debido a deducciones especiales.
El caso testigo ante la Corte Suprema de Justicia fue “García, María”, resuelto en 2019. En ese fallo, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de las normas del impuesto a las Ganancias aplicadas a los haberes jubilatorios de la contribuyente. La Corte hizo hincapié en el envejecimiento y la discapacidad como causas determinantes de vulnerabilidad, que requieren mayores gastos para afrontar esa situación.
La Corte sostuvo que la capacidad contributiva no puede ser el único parámetro para gravar jubilaciones, y que debe contemplarse la especial protección constitucional de los adultos mayores. Señaló que la vulnerabilidad derivada de la tercera edad, enfermedad o discapacidad exige un análisis diferenciado, y destacó la necesidad de armonizar la legislación tributaria con el artículo 14 de la Constitución, el principio de igualdad real y la protección reforzada de las personas mayores.
La Corte no declaró una exención general para todos los jubilados, pues la decisión estuvo vinculada a las circunstancias concretas de vulnerabilidad acreditadas en el expediente. También puso en conocimiento del Poder Legislativo la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de los jubilados en condiciones de vulnerabilidad. Dispuso que, hasta tanto el Congreso legisle sobre el punto, no podrá descontarse suma alguna en concepto del impuesto a las Ganancias de la prestación previsional.
Con posterioridad, la Corte resolvió de manera colectiva otras causas aplicando la doctrina “García”. En la causa “Alasraki”, correspondiente a un accionante de 53 años, resolvió conforme a esa doctrina, entendiendo que las modificaciones introducidas en la ley del impuesto a las Ganancias no alteraban el criterio jurisprudencial expuesto, ya que los cambios no revelaban un trato diferencial para la tutela de las personas jubiladas en condiciones de vulnerabilidad.
En 2023, en el caso “Calderón”, la Sala II de la Cámara Federal de Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del tributo sin exigir una demostración específica de enfermedad o vulnerabilidad. La Corte rechazó el recurso extraordinario y dejó firme la sentencia. Luego, la Corte confirmó sentencias contrarias al fisco nacional en diferentes fallos colectivos.
A partir del caso “García”, la Corte rechaza sistemáticamente los recursos extraordinarios o de queja, lo que genera una carga en concepto de costas.
En ese contexto, ARCA estableció que los representantes fiscales deberán desistir en aquellos casos en que se haya interpuesto el remedio federal y este no hubiera sido sustanciado. También dispuso que no deberán interponer recursos extraordinarios ni recursos de queja ante la denegatoria de los remedios federales ya presentados.
En casos de sentencias dictadas en primera instancia, se deberá analizar el temperamento adoptado por la Cámara Federal respectiva. Si este implica el rechazo sistemático de los recursos de apelación, los representantes legales deberán consentir la sentencia en cuanto a las cuestiones de fondo.
La estrategia procesal no resultará aplicable cuando la actora carezca de legitimación activa o cuando se considere, por alguna circunstancia fáctica, que existe posibilidad de revertir la instancia judicial.