La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó una normativa que habilita acciones civiles contra oficiales federales y prohíbe el uso de mascarillas por parte del ICE. La medida se anunció en el marco del Mundial 2026.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que permite a los residentes del estado entablar demandas civiles contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por violaciones constitucionales. La normativa también prohíbe el uso de mascarillas por parte de los oficiales del ICE, con excepción del equipo táctico necesario, gafas de sol y mascarillas médicas.
Hochul anunció la medida en el contexto del inicio de la Copa Mundial, que incluye ocho partidos en la sede de Nueva York-Nueva Jersey. En un comunicado de prensa, la gobernadora afirmó que el ICE “tomó como blanco a madres, niños y familias sin antecedentes penales”.
“Donald Trump prometió ir tras los ‘peores de los peores’. En cambio, el ICE tomó como blanco a madres, niños y familias sin antecedentes penales. Así no hacemos las cosas en Nueva York”, escribió Hochul en sus redes sociales.
La nueva ley establece los siguientes puntos:
- Los residentes pueden tomar acciones legales contra agentes federales cuando se violen los derechos de los migrantes. Anteriormente, las acciones contra oficiales federales estaban limitadas bajo la ley.
- Queda prohibido para los oficiales del ICE el uso de cubrebocas, con excepción del equipo táctico necesario, las gafas de sol y las mascarillas médicas.
- Gobiernos locales, la policía y servicios penitenciarios no pueden firmar acuerdos 287(g) o similares con el gobierno federal que permitan el uso de personal e instalaciones policiales para fines de control migratorio civil.
- Prohibición de pagar o contribuir a los costos relacionados con la construcción, propiedad u operación de un centro de detención de inmigrantes.
- Prohibición de modificar la zonificación para permitir la edificación o el empleo de instalaciones como centros de detención de inmigrantes sin participación pública.
- No se pueden utilizar agencias civiles estatales y locales, ni recursos de escuelas públicas para actividades de control migratorio civil.
- Restricción para interrogar o investigar a personas únicamente con fines migratorios, a menos que lo exija una orden judicial federal o la ley.
- Prohibición a los oficiales locales de divulgar información personal a las autoridades de inmigración, concederles acceso a áreas restringidas de instalaciones públicas o utilizar a funcionarios del ICE como intérpretes.
- Prohibición de trasladar a un estudiante a custodia migratoria.
Según datos del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), al 4 de abril de 2025, 60.311 personas permanecían en detención migratoria en Estados Unidos. De ese total, el 70,8% (42.722) no contaba con antecedentes penales.