El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el domingo 5 de julio que a partir del 7 de agosto desmontará la política de Paz Total, revocará beneficios a grupos armados y reactivará las órdenes de captura suspendidas.
Durante su segunda alocución dominical como presidente electo, difundida la noche del domingo 5 de julio a través de sus redes sociales, Abelardo de la Espriella anunció que uno de los primeros decretos de su gobierno será desmontar la política de Paz Total impulsada por la administración de Gustavo Petro.
De la Espriella afirmó que a partir del 7 de agosto revocará los beneficios otorgados a los grupos armados dentro de los procesos de negociación y solicitará la reactivación de las órdenes de captura vigentes. También informó que designará un equipo especial encargado de desmontar la arquitectura jurídica de la Paz Total, con el objetivo de revisar cada uno de los compromisos adquiridos durante la administración de Gustavo Petro.
“La paz total fue impunidad total. El país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos de la falsa paz total”, afirmó el presidente electo durante su alocución.
De la Espriella señaló que firmará los decretos necesarios el día de su posesión para solicitar a la Fiscalía General de la Nación que reactive las órdenes de captura vigentes, con el fin de que las Fuerzas Militares y la Policía las hagan efectivas. “No habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos. No habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad”, expresó.
El mandatario electo aseguró que solo ofrecerá a los grupos armados la posibilidad de un sometimiento a la justicia bajo las normas actualmente vigentes, descartando nuevas negociaciones con beneficios extraordinarios. “A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla”, manifestó.
De la Espriella sostuvo que la estrategia de seguridad de su administración buscará recuperar el control territorial en las regiones donde operan organizaciones ilegales, argumentando que la política de Paz Total debilitó la presencia institucional del Estado.
Dentro del capítulo de seguridad, De la Espriella reveló que recibió una solicitud de sometimiento por parte de Digno José Palomino y Aldair Montealegre, señalados como cabecillas de la estructura criminal conocida como Los Pepes. Según explicó, ordenará al ministro de Defensa designado coordinar el procedimiento correspondiente y solicitará a la Fiscalía General la designación de un fiscal y un grupo de policía judicial para adelantar el proceso conforme a la legislación vigente.
La política de Paz Total, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, buscó abrir procesos simultáneos de negociación con guerrillas, disidencias de las Farc y estructuras criminales, mediante diferentes mecanismos jurídicos y ceses al fuego temporales. Sin embargo, el proceso ha enfrentado múltiples dificultades durante los últimos meses, entre ellas la suspensión de algunos diálogos por decisiones judiciales, las crisis en las conversaciones con el ELN, el incremento de hechos violentos en regiones como Cauca y Catatumbo y cuestionamientos sobre la efectividad de los ceses al fuego.