El suspendido juez federal de Mar del Plata enfrentó hoy el inicio del jury de enjuiciamiento que definirá si es apartado de su cargo.
Buenos Aires, 6 julio (NA) – El suspendido juez federal de Mar del Plata Alfredo López enfrentó hoy el inicio del jury de enjuiciamiento que definirá si es apartado de su cargo por presunto antisemitismo y discriminación, en un proceso en el que la acusación pidió su destitución y la defensa rechazó los cargos.
Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que el magistrado atacó a una comunidad religiosa, promovió el hostigamiento digital y difundió ideas conspirativas mediante publicaciones en la red social X. López afirmó que nunca actuó con mala fe ni con intención de ofender y aseguró que sus opiniones no constituyeron ataques personales.
“Nunca actué con mala fe ni con ánimo de ofender. Mis opiniones no fueron ataques personales. Tuvieron que buscar con lupa porque no encontraron un tuit que acusara a la comunidad. Este magistrado ha ejercido su función durante 40 años sin ninguna sanción disciplinaria”, sostuvo López al rechazar la acusación.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, luego del dictamen de la Comisión de Acusación, el magistrado presentó su renuncia, aunque el Poder Ejecutivo no la aceptó y el plenario resolvió enviarlo a juicio político. El proceso continuará durante la semana con la declaración de testigos.
En representación del Consejo, el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques sostuvieron la acusación y reclamaron la destitución del magistrado. Juez afirmó que la conducta de López resulta “absolutamente incompatible con lo que un ciudadano común espera de un juez federal” y señaló que el acusado no mostró una actitud autocrítica cuando fue citado a declarar.
Durante la audiencia, la acusación exhibió parte de los aproximadamente 40 posteos que fundamentaron el dictamen, entre ellos publicaciones vinculadas a la comunidad judía, al Foro Argentino contra el Antisemitismo y a Israel, que consideró expresiones incompatibles con el desempeño de un juez nacional. Las denuncias habían sido impulsadas por representantes de la DAIA, la diputada nacional Sabrina Ajmechet y abogados de la Fundación Apolo.
Por su parte, la defensa negó que López hubiera cometido actos discriminatorios contra la comunidad judía, cuestionó el alcance de las denuncias y sostuvo que el proceso afecta principios vinculados con la independencia judicial y la libertad de expresión. El magistrado también argumentó que el juicio político no puede sancionar opiniones personales y afirmó que sus publicaciones se referían a asuntos públicos.
En su descargo, López sostuvo que “la cuestión a determinar trasciende a mi persona y sentará un precedente por primera vez a nivel nacional e internacional” y remarcó que “como jueces no perdemos la condición de ciudadanos”. Además, afirmó que “denunciar un genocidio no es un acto de odio sino un acto de defensa de los derechos humanos”.
La defensa también recordó que el magistrado presentó su renuncia por una enfermedad ósea y manifestó que estaba dispuesto a dejar el cargo, aunque esa dimisión no fue aceptada por el Poder Ejecutivo.