La Agencia Nacional de Tierras (ANT) está bajo investigación de la Procuraduría y la Contraloría por la compra de cuatro haciendas en Puerto Gaitán, por más de 36.000 millones de pesos, que según estudios técnicos no cumplían condiciones para la reforma agraria campesina.
La compra de cuatro haciendas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Puerto Gaitán quedó bajo revisión después de que la entidad comprometiera más de 36.000 millones de pesos y girara anticipos por 14.339 millones para predios que, según estudios técnicos del propio proceso, no cumplían las condiciones para la reforma agraria campesina.
Según documentos obtenidos por la revista Cambio, la Procuraduría y la Contraloría General ahora tienen bajo la lupa a la ANT por autorizar anticipos y avanzar en negocios jurídicos pese a advertencias técnicas sobre restricciones ambientales, agronómicas, territoriales y de destinación. Esas observaciones impedían desarrollar allí la reforma agraria para comunidades campesinas y dejaron en duda el destino de los recursos ya desembolsados.
Entre noviembre y diciembre de 2023, la ANT firmó promesas de compraventa sobre Visalia, El Paraíso, La Porfía y La Juliana. En enero de 2024 autorizó anticipos por 14.339 millones de pesos: más de 8.139 millones para Visalia, 2.906 millones para El Paraíso, 1.759 millones para La Porfía y 1.534 millones para La Juliana.
Los cuatro expedientes compartían un mismo problema desde la etapa previa. Los estudios advertían restricciones que impedían destinar esos predios a familias campesinas, aunque la entidad siguió con las negociaciones y modificó algunas condiciones contractuales.
Fuentes cercanas al proceso, citadas por Cambio, señalaron que durante los estudios previos aparecieron superposiciones con resguardos indígenas, afectaciones relacionadas con el humedal Alto Vichada, límites derivados de la Unidad Agrícola Familiar, restricciones agronómicas y otras condiciones territoriales. Los informes advertían que esas limitaciones comprometían la destinación de los predios para la reforma agraria campesina.
“Ellos no han pagado el ciento por ciento del valor del predio y por eso, los vendedores han entregado los predios y no tienen por qué hacerlo. Y hay unos perjuicios para los vendedores porque no es culpa de ellos que la Agencia Nacional de Tierras haya hecho una visita técnica que salió que no era viable y que aun así continuaran con la compra de los predios. Los vendedores también fueron engañados”, señaló la fuente al diario nacional.
La evolución jurídica de las operaciones no fue igual en los cuatro casos. En La Porfía y La Juliana aparecen inscritas escrituras de compraventa a favor de la ANT desde mayo de 2024, mientras que en Visalia y El Paraíso el segundo pago quedó condicionado al recibo definitivo de los predios.
Esa diferencia no resolvió el problema de fondo. Según fuentes consultadas por Cambio, ninguno de los cuatro predios ha podido incorporarse al Fondo de Tierras porque las observaciones técnicas surgidas durante el proceso siguen impidiendo que cumplan la finalidad para la cual fueron adquiridos.
Un memorando del 6 de febrero de 2025, firmado por Deisy Lizeth Gómez entonces directora de Acceso a Tierras, dejó constancia de que la Mesa Técnica de Seguimiento a Casos Críticos revisó si esos predios podían pasar a la Dirección de Asuntos Étnicos. El documento contempló una eventual destinación a sujetos étnicos o una entrega compartida con campesinos, “de acuerdo con las fracciones viables agronómicamente”.
Ese mismo memorando ordenó trasladar los expedientes para que esa dependencia definiera si asumía los predios. Gómez advirtió además la necesidad de resolver “la suerte de los recursos ya invertidos por parte de la entidad”.
En La Porfía y La Juliana, otro memorando fechado el 29 de enero de 2025 mostró un escenario adicional. La ANT informó que esos negocios fueron convocados a conciliación extrajudicial y que debía definir el futuro de las operaciones para comunicarlo a la Oficina Jurídica.
Consultado por la revista Cambio, Felipe Harman, director de la ANT, dijo que los negocios jurídicos sobre Visalia, El Paraíso, La Porfía y La Juliana se suscribieron entre el 19 y el 20 de diciembre de 2023, antes de su llegada a la entidad. Añadió que entonces se pactaron pagos parciales de entre el 30% y el 50% del valor de los inmuebles y las condiciones para otorgar después las escrituras.
Harman sostuvo que esas operaciones no se perfeccionaron ni se pagaron los saldos pendientes tras el cambio de políticas de su administración. También afirmó que, una vez que asumió la dirección, ordenó una revisión integral de los procesos de adquisición de predios.
A partir de esa revisión, la entidad creó el Comité de Casos Críticos para analizar adquisiciones con novedades relevantes y definir la ruta jurídica y administrativa de cada expediente. El directivo agregó que su administración exigió estudios de viabilidad agronómica mediante visitas técnicas directas.
Según Harman, fue en esa etapa cuando la ANT concluyó que los cuatro predios tenían “graves limitaciones para el desarrollo de actividades agrícolas sostenibles”, entre ellas alta acidez de los suelos, baja fertilidad natural y restricciones físicas. Dijo que por esa razón suspendieron los trámites y remitieron los casos al comité.
El director añadió que durante su administración la ANT ha presentado unas 15 denuncias ante las autoridades para que investiguen posibles hechos con impacto en el patrimonio público. A su juicio, las advertencias sobre estos predios surgieron con las visitas técnicas que ordenó después de llegar a la entidad.
La Procuraduría cuestionó la falta de una metodología uniforme para conciliar los sistemas de información de la ANT. La Contraloría también advirtió riesgos en compras en las que se comprometieron recursos sin asegurar la consolidación de los negocios jurídicos.