La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) decidió no financiar Leqembi (lecanemab) y Kisunla (donanemab), los únicos medicamentos capaces de ralentizar el avance del alzhéimer. El Ministerio de Sanidad argumentó que los beneficios clínicos son limitados en relación con el precio, mientras que médicos y pacientes critican la medida por considerar que afecta la equidad en el acceso al tratamiento.
Este miércoles, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) rechazó la financiación pública de Leqembi (lecanemab) y Kisunla (donanemab), dos fármacos desarrollados para ralentizar el avance del alzhéimer. Según informó el Ministerio de Sanidad, la decisión se basó en que los beneficios de estos medicamentos son limitados en comparación con el costo que representarían para el Sistema Nacional de Salud (SNS). Ambos productos podrán comercializarse en España mediante prescripción privada.
La medida generó críticas por parte de pacientes y sociedades científicas, que sostienen que la falta de financiación pública impide el acceso a quienes podrían beneficiarse pero no pueden costearlo. La doctora Raquel Sánchez de la Villa, miembro de la Sociedad Española de Neurología (SEN), afirmó a Infobae que la decisión «rompe con el principio de equidad en una enfermedad que no cuenta con alternativas terapéuticas». Según la especialista, estos fármacos ayudarían a menos del 5% de los pacientes con alzhéimer en España.
Leqembi y Kisunla son anticuerpos que se adhieren a las proteínas amiloide en las placas de Alzheimer. Su eficacia, según estudios, logra disminuir el deterioro de la enfermedad en un 25-30% en pacientes en fases tempranas y con una o ninguna copia del gen APOE4. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) avaló su uso, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) recomendó en 2024 la financiación restringida de Leqembi. Sin embargo, el Gobierno optó por no financiarlos.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, declaró que «los tratamientos de los que estamos hablando tienen un valor clínico muy dudoso y han sido puestos en duda por múltiples agencias de evaluación de todo el mundo». La Aemps, en su Informe de Posicionamiento Terapéutico sobre Kisunla, señaló que «la ausencia de datos controlados mantiene la incertidumbre sobre la durabilidad del efecto» y que los resultados «no alcanzan los umbrales de cambio clínicamente relevantes» para pacientes con deterioro cognitivo.
La doctora Sánchez consideró que la valoración de la relevancia clínica es subjetiva y que prefiere «darle esta oportunidad a mis pacientes, que no dársela». Además, indicó que el principal problema no es el beneficio clínico, sino el costo para el sistema público: «Podemos entrar en disquisiciones de qué es relevante o no clínicamente, pero para las agencias reguladoras que lo aprueban, esta eficacia compensa los problemas de seguridad que puedan tener. El problema es a nivel de costes económicos».
El precio de los fármacos no fue revelado, pero el Gobierno propuso a las farmacéuticas un techo de gasto máximo para evitar que la inversión afectara otras áreas de tratamiento. Al no alcanzarse un acuerdo, los medicamentos quedaron fuera de la cartera del SNS. La doctora Sánchez advirtió que «habrá muchísimos pacientes que no se lo podrán pagar» y que esto genera «un dilema ético» para los médicos.