La Corte Constitucional de Italia remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el análisis sobre la compatibilidad de la Ley Tajani con el derecho comunitario. La decisión suspende el pronunciamiento del tribunal italiano y reabre expectativas para miles de descendientes de italianos, entre ellos muchos argentinos.
La Corte Constitucional de Italia resolvió remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el análisis sobre la compatibilidad de la denominada Ley Tajani (ley 74/2025) con el derecho comunitario. A través de la Ordenanza N° 147/2026, el máximo tribunal italiano suspendió su pronunciamiento y trasladó la definición a la justicia europea.
La ley, vigente desde el 28 de marzo de 2025, limita el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia (ius sanguinis) a hijos y nietos de italianos nacidos en Italia. Quedan excluidos bisnietos y generaciones posteriores, bajo el argumento de que no mantienen un «vínculo efectivo» con el país.
La cuestión llegó a la Corte Constitucional a partir de causas iniciadas en los tribunales de Mantova y Campobasso por solicitantes que no acreditaron haber intentado obtener, antes del 27 de marzo de 2025, un turno en un consulado o una comuna italiana para iniciar el trámite de reconocimiento de la ciudadanía.
Según explicó la abogada Antonella Nediani, colaboradora del Estudio Jurídico Montefiori en Italia, la Corte Constitucional no declaró la inconstitucionalidad de la reforma, sino que planteó una cuestión prejudicial para que el TJUE determine si el artículo 3-bis de la Ley 91/1992 es compatible con el derecho de la Unión Europea. En concreto, el tribunal europeo deberá resolver si Italia puede considerar que quienes nacieron en el extranjero antes de la reforma nunca adquirieron la ciudadanía que la legislación vigente al momento de su nacimiento les reconocía por descendencia.
Si el TJUE concluye que la reforma es incompatible con el derecho comunitario, las disposiciones cuestionadas podrían dejar de aplicarse. Quienes presentaron su documentación antes del 28 de marzo de 2025 mantendrían su situación, mientras que un fallo favorable también podría beneficiar a personas alcanzadas por las restricciones de la Ley Tajani.
Para quienes todavía no iniciaron acciones judiciales, Nediani recomendó esperar la decisión del tribunal europeo, salvo que puedan demostrar que antes del 27 de marzo de 2025 ya habían intentado obtener un turno para iniciar el trámite de ciudadanía. No existe un plazo establecido para el fallo del TJUE: las especialistas estiman que podría conocerse entre seis meses y un año, aunque también podría demorar más. Mientras tanto, la suspensión de los procesos en Italia no será automática: cada juez decidirá si paraliza o no las causas hasta que exista una resolución definitiva.