José Urías, empresario salvadoreño en Boston, construyó más de 150 viviendas y genera 50 empleos. Su permiso de permanencia vence el 9 de septiembre, cuando 170 mil personas podrían perder su estatus legal en Estados Unidos.
El estatus de protección temporal (TPS) para salvadoreños en Estados Unidos vence el 9 de septiembre de 2026. Según datos oficiales, 170 mil personas podrían perder su autorización laboral y quedar expuestas a detención o deportación si el gobierno no renueva el beneficio.
José Urías, salvadoreño de 47 años, reside en Malden, Massachusetts, desde 1994. Su empresa de construcción acumula más de 150 viviendas en el área de Boston y emplea a más de 50 personas entre contratistas y personal directo, según un perfil de Associated Press publicado por ABC7 Eyewitness News.
Urías ingresó a Estados Unidos en 1994. Trabajó repartiendo muebles, lavando platos y cocinando en restaurantes. Hace 18 años fundó su compañía de remodelación y construcción, que luego se expandió a la venta de propiedades. También dirige una firma inmobiliaria con tres empleados y siete contratistas.
El empresario declaró a la agencia EFE que siente satisfacción por los logros obtenidos y que el proceso requirió “lucha y sacrificio”, junto con adaptación cultural e idiomática. Urías paga impuestos a través de sus negocios y participa en el movimiento que busca mantener la protección para los beneficiarios.
Urías está casado con otra salvadoreña amparada por el TPS. La pareja tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos: uno de 19 años que estudia en Babson College y otro de 13. Sus padres y 11 de sus 13 hermanos tienen residencia legal permanente; los otros dos nacieron en el país. Los hijos permanecerían en Estados Unidos aunque sus padres perdieran la protección.
“Nuestra vida está basada aquí, he vivido aquí más años que en El Salvador”, señaló Urías. También afirmó que “nunca nos han dado ese camino a la ciudadanía” y que “ya es hora de que el Congreso actúe”.
El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para evitar deportaciones hacia países afectados por desastres naturales o conflictos civiles. El beneficio permite permanecer y trabajar legalmente por períodos de hasta 18 meses. Los salvadoreños recibieron la protección en 2001, después de dos terremotos.
Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles, afirmó que los beneficiarios están “atemorizados” y que la organización recibió llamadas de personas “en pánico” ante el posible fin del programa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene una relación de cooperación con el gobierno de Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó El Salvador en su primer viaje y acordó que el país centroamericano aceptara deportados de cualquier nacionalidad. Un mes después, Estados Unidos envió a cientos de venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Bukele pidió una extensión del TPS en 2019, cuando la protección continuó por demandas judiciales. No realizó un nuevo pedido público en 2026. José Palma, coordinador nacional de la Alianza TPS, sostuvo que “no podemos depender únicamente de las relaciones amistosas” y que ninguna decisión puede considerarse garantizada.
Las remesas enviadas por salvadoreños en Estados Unidos alcanzaron los 9.900 millones de dólares en 2025, lo que representó el 24% del producto interno bruto de El Salvador, según el banco central. Las deportaciones hacia El Salvador aumentaron un 73,8% durante el primer semestre de 2026.
Rebecca Bill Chavez, presidenta del centro de estudios Inter-American Dialogue, explicó que el cumplimiento de las prioridades de Trump por parte de Bukele no asegura una extensión del TPS.