En el tramo final del juicio federal por facturación apócrifa, ARCA solicitó penas de hasta 15 años de prisión para Walter Pasko y Fernando Ayala, entre otros acusados. La UIF, por su parte, requirió 12 años para los tres principales imputados por lavado de activos.
El juicio federal por las denominadas “facturas truchas” ingresó en su etapa final. Durante una extensa jornada, la Unidad de Información Financiera (UIF) y ARCA presentaron sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal. Ambas partes coincidieron en la existencia de una estructura organizada destinada a la emisión de comprobantes apócrifos y a la canalización de fondos a través de sociedades, cooperativas y fundaciones.
ARCA solicitó 15 años de prisión efectiva para Walter Pasko y Fernando Ayala, a quienes calificó como jefes y coorganizadores de una asociación ilícita fiscal. Para María José Reinau, la pena requerida fue de 9 años. En los tres casos, la querella sostuvo la existencia del delito de lavado de activos y pidió la aplicación del concurso real entre ambos delitos. Además, requirió multas equivalentes al triple del valor de las operaciones y el decomiso de los bienes vinculados a las maniobras investigadas.
Según la descripción de ARCA, la organización habría estado conformada por dos grupos con roles diferenciados. A Pasko se le atribuyó el uso de sus conocimientos profesionales y la logística necesaria para operar fiscalmente. A Ayala se lo vinculó con sus contactos políticos y sociales, y con la captación de personas para integrar cooperativas y asociaciones. La acusación mencionó la existencia de “usinas de facturas”, entidades sin actividad real dedicadas a la emisión de comprobantes, y de “usinas mixtas”, empresas con actividad legítima en las que se habrían incorporado operaciones ficticias.
Durante la audiencia, la UIF se centró en el lavado de activos. Solicitó 12 años de prisión para Pasko, Ayala y Reinau, multa equivalente al doble del monto de las operaciones y el decomiso de los bienes considerados producto o instrumento de las maniobras. La UIF señaló que los tres habrían actuado de manera habitual y coordinada dentro de una asociación dedicada a generar crédito fiscal espurio.
Uno de los puntos destacados en el alegato de la UIF fue el caso de María José Reinau. Según los registros expuestos, figuraba como monotributista en el rubro de peluquería, mientras que sus acreditaciones bancarias habrían pasado de $1,1 millón en 2020 a $123,7 millones en 2023. Su facturación declarada habría sido de $410.000 en 2021, $360.000 en 2022 y $100.000 en 2023.
ARCA también hizo referencia a la utilización de claves fiscales de terceros. Durante el debate, declararon contribuyentes que habían confiado el manejo tributario al estudio de Pasko y que aseguraron haber encontrado facturaciones que desconocían. En ese marco, la querella solicitó penas para otros acusados: 8 años para Diana Yael Daniel; 7 para María Belén Reinau, Edith Maricel Ayala, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy; 5 para Álvaro Iván Pasko y Jorge Pasko; y 3 años y 6 meses para Juana Elsa Brahim.
El cierre de ARCA describió el caso como una “gran organización” que, según su postura, habría defraudado al Estado mediante tributos no ingresados y a personas vulnerables mediante el uso de claves fiscales. La querella pidió una “sentencia ejemplar” y que se considerara especialmente a los sectores perjudicados.
Los planteos de la UIF y ARCA constituyen pedidos de las partes acusadoras y no una sentencia. La audiencia continuará el martes 18 de agosto a las 8.30 con el alegato del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Federico Carniel. Posteriormente, se escuchará a las defensas antes de que el tribunal defina las responsabilidades penales.