La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley de Inocencia Fiscal II con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, será girada al Senado.
En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley de Inocencia Fiscal II, una reforma que forma parte del programa económico del Gobierno. La iniciativa obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, y fue girada al Senado.
El proyecto, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contó con el apoyo del oficialismo y de los bloques del PRO, la UCR y los provinciales. El peronismo, la izquierda y otros sectores de la oposición rechazaron la medida.
La diputada Laura Rodríguez Machado defendió la propuesta, que reduce multas para MiPyMEs, limita la discrecionalidad fiscal y excluye a funcionarios y exfuncionarios de los beneficios del programa.
La iniciativa modifica el régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias y ajusta las condiciones bajo las cuales ARCA podrá cuestionar las declaraciones de los contribuyentes. Se eliminan los límites de ingresos y patrimonio vigentes, que eran de $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente.
Además, se define qué se considera una «discrepancia significativa» y se establece que el organismo podrá formular observaciones cuando detecte una inconsistencia que implique una diferencia de al menos 15% en el impuesto que debería pagar el contribuyente.
La reforma impide el acceso al blanqueo a personas que cumplen o ejercieron cargos públicos durante los últimos cinco años en determinados cargos de jerarquía de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También alcanza a legisladores, magistrados, integrantes del Ministerio Público y otras autoridades institucionales. Estas personas solo podrán presentar su declaración y efectuar el pago correspondiente, pero no accederán a los efectos, beneficios ni presunciones del régimen.
La norma prevé una reducción automática del 25% en determinadas multas formales para pequeñas y medianas empresas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales.
Durante el debate, Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, expresó su apoyo a la normativa y señaló que no se puede admitir que un funcionario público «se excuse en la inocencia fiscal para explicar cómo consiguió los bienes que tiene». «Eso, indudablemente, estaba mal y prefiero esta ley a la que teníamos», agregó, y reclamó que la restricción se extienda a los familiares.
Por su parte, Martín Lousteau criticó la propuesta y afirmó que «detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos». Propuso llamarla «la ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos» o «ley de facilitación e impunidad de la evasión».
En el cierre del debate, Nicolás Mayoraz cuestionó al kirchnerismo por oponerse a la normativa y afirmó: «Piden que liberen a Cristina y no quieren que los ahorristas incorporen al sistema los ahorros legítimamente ganados».