La Cámara de Diputados aprobó la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con 147 votos a favor y 93 en contra. El proyecto, que contempla una adhesión parcial, regresa al Senado para su revisión definitiva.
La Cámara de Diputados aprobó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un sistema internacional que permite tramitar la protección de invenciones mediante una única solicitud en 158 países. La iniciativa fue aprobada durante la madrugada de este jueves con 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención. El proyecto volverá al Senado para su revisión definitiva antes de entrar en vigencia.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger. Argentina firmó el tratado en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998, pero restaba la aprobación de la Cámara baja. La adhesión al tratado cobró relevancia después del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos, que contempla una modernización del sistema de protección de patentes.
La diputada Juliana Santillán (libertaria) declaró: “Es una iniciativa muy largamente esperada porque viene a saldar una deuda pendiente de nuestro sistema internacional”. También sostuvo que “este tratado es fundamental para el futuro de la innovación y el desarrollo tecnológico en Argentina”. Además, afirmó que la adhesión al PCT “es una señal clara de que Argentina quiere integrarse al sistema internacional de la innovación y la propiedad intelectual”.
El dictamen de mayoría aprobado contempla una adhesión parcial al PCT y aplica una reserva para no adoptar el Capítulo II, algo previsto y habilitado por el propio documento. Esta reserva permite a los innovadores locales aprovechar los beneficios de plazos y trámites en el exterior, mientras mantiene el control soberano sobre las patentes farmacéuticas dentro de la Argentina.
Las cámaras farmacéuticas nacionales consideraban que el Capítulo II desprotegía a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, especialmente de origen estadounidense. Según señalaban, dicha competencia podía encarecer los costos locales del sistema de salud y redundar en barreras para el acceso de la población a los medicamentos.
En la actualidad, si una persona o empresa local quiere solicitar una patente de invención en otros países debe hacerlo mediante una presentación directa en cada país, lo que implica trámites individuales, costos elevados y menor flexibilidad en la estrategia de protección. El PCT, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), funciona como una “ventanilla única” para la solicitud de patentes. Se firmó en Washington en 1970 y está vigente en 158 países.
El tratamiento del proyecto se retrasó por la demora de Estados Unidos en definir políticas tarifarias en materia de comercio exterior. El 23 de julio pasado, la administración de Donald Trump fijó para Argentina un arancel de importación del 10%, la tasa mínima aplicada a los socios comerciales de la región dentro de su esquema arancelario global.
Por su parte, el diputado Santiago Cafiero (Unión por la Patria) sugirió que hay una falta de claridad sobre las motivaciones del Gobierno al impulsar la iniciativa, y lo atribuyó a las concesiones otorgadas por Argentina a Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial firmado a comienzos de año. Alertó que el fallo de la Justicia norteamericana obligó a la administración de Trump a dejar sin efecto su política de guerra arancelaria. En ese sentido, cuestionó que Argentina esté dispuesta a ceder concesiones sin beneficios tangibles a cambio, y señaló la posibilidad de que “estemos avanzando en un acuerdo que no existe”. Añadió que “esto puede llevar a una subordinación a la estrategia estadounidense”, lo que podría comprometer la soberanía nacional.
Cafiero también enfatizó que “los países que utilizan eficazmente el sistema de patentes son aquellos que invierten fuertemente en ciencia y tecnología”. Sostuvo: “Estamos diciendo que queremos culminar el trabajo de investigadores, tecnólogos, centros universitarios y científicos, pero por otro lado este gobierno los desfinancia y los castiga. No solamente no tiene sentido, sino que encima es perverso. El reflejo que buscan con otros países es el reflejo de países que hacen todo lo contrario a lo que hace la administración de Milei”.