La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la ejecución en Estados Unidos del laudo arbitral del CIADI que condenó al Estado argentino a pagar unos USD 390,9 millones. El caso involucra la expropiación de Aerolíneas Argentinas al Grupo Marsans y la discusión sobre el método de valuación utilizado.
El 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la decisión de primera instancia que permitió la ejecución en Estados Unidos del laudo arbitral del CIADI en el caso Aerolíneas Argentinas/Marsans. El laudo original fijó una compensación de algo más de USD 320 millones, y el monto actual con intereses asciende a aproximadamente USD 390,9 millones.
La instancia procesal no reabrió el fondo de la controversia ni la discusión sobre la valuación de la empresa. Sin embargo, el economista Néstor Farías Bouvier, ex Secretario de Industria y ex Presidente de Austral, planteó públicamente en 2017 la necesidad de revisar el componente económico del caso.
En un artículo publicado en Clarín, Farías Bouvier advirtió que la valuación de Aerolíneas Argentinas mediante el método de Flujo de Fondos Descontados dependía de proyecciones y supuestos que requerían un análisis más riguroso. En ese momento, el Tribunal de Tasaciones de la Nación había estimado un valor patrimonial negativo, mientras que una valuación de Credit Suisse arrojaba un valor positivo de varios cientos de millones de dólares.
Farías Bouvier señaló que la diferencia entre ambas valuaciones no podía resolverse simplemente eligiendo una de las cifras, sino que requería analizar los supuestos detrás de cada una. En una valuación por Flujo de Fondos Descontados, el resultado depende de hipótesis sobre ingresos, costos, inversiones, evolución de la empresa, inflación, tipo de cambio, riesgo y horizonte de negocios.
El economista afirmó que su observación no pretendía reemplazar una valuación por otra, sino señalar que antes de aceptar un valor como demostrado era necesario someter sus supuestos a una prueba profesional independiente y contrastarlos con la realidad económica de la compañía.
Farías Bouvier indicó que intentó transmitir esa inquietud a la Procuración del Tesoro al recibirse el fallo del CIADI, pero la entrevista con el entonces Procurador no se concretó por falta de tiempo. Sostuvo que el caso revela un vacío institucional de capacidad, diligencia y responsabilidad en la defensa del Estado.
El economista concluyó que la cuestión no es solo quién cometió un error o qué valuación fue aceptada, sino si existió una estrategia de defensa del interés del Estado y si quienes debían ejecutarla estuvieron a la altura de esa responsabilidad. Consideró que todavía vale la pena revisar el valor que estuvo en discusión, no para desconocer lo resuelto, sino para aportar una mirada económica que no recibió la consideración que merecía.