La magistrada Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictó una medida cautelar que suspende por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Pascual negó que su decisión tenga motivación ideológica y afirmó que responde a la falta de condiciones en los centros de detención.
La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, que establece la imputabilidad a partir de los 14 años. La medida fue dictada en el marco de un hábeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y por inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora.
En declaraciones a A24, Pascual afirmó: “No estoy arrepentida para nada, salí con esta resolución después de un habeas corpus que presentó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y como yo tenía abierto otro por las condiciones indignas de alojamiento de jóvenes en Lomas de Zamora, me lo tiraron a mí”.
La magistrada explicó que la suspensión responde a que “no están dados los mecanismos para atender a los jóvenes” y que “los recursos no están”. Además, señaló que “no hay ninguna ideología política” detrás de su decisión y que “nunca fui, ni seré Kuka”.
El fallo se basó en inspecciones que constataron faltas en el acceso efectivo a educación, formación profesional, ámbito laboral y limitación de los tiempos de aislamiento en los dispositivos provinciales, según información del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza, Nahuel Pareja, anunció que impulsará un juicio político contra la jueza. En declaraciones, Pareja sostuvo: “Estamos enojados porque la política le tiene que dar respuestas a la gente, el Congreso trabajó responsablemente y cuando sale la ley, algo pasa que lo impide. Entendemos que hay prevaricato, un exceso en su administración”.
La Libertad Avanza emitió un comunicado en el que consideró que la decisión “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”.