El proyecto, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, iniciará producción en marzo de 2028 tras la decisión final de inversión de Rockhopper y Navitas. Argentina presentó un proyecto de ley y la Justicia Federal de Río Grande ordenó la suspensión cautelar de las actividades.
Unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en aguas del Atlántico Sur, el yacimiento petrolero Sea Lion se prepara para entrar en una etapa decisiva. Fue descubierto hace dieciséis años y, si se cumplen los planes anunciados, comenzará a producir petróleo en marzo de 2028.
En diciembre de 2025, las empresas Rockhopper y Navitas adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto. La inversión prevista ronda los 1800 millones de dólares, las licencias fueron extendidas por el gobierno de las Islas Malvinas por 35 años y la producción podría prolongarse durante más de tres décadas.
El proyecto avanza hacia la explotación comercial de un recurso natural no renovable en un área incluida en una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
En estos dieciséis años, la Argentina sancionó legislación específica, declaró ilegales esas actividades hidrocarburíferas, inhabilitó empresas, promovió acciones judiciales y formuló protestas diplomáticas. Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades, consideradas ilegales en 2012, y al año siguiente fue inhabilitada por veinte años. Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022. El proyecto Sea Lion siguió avanzando y, en agosto, Navitas ejerció la opción para adquirir un segundo buque de producción, con capacidad para sumar hasta 125.000 barriles diarios y acelerar nuevas fases.
El gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que endurece y amplía las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, y alcanza también a accionistas y proveedores.
A esas acciones se sumó una decisión judicial: la Justicia Federal de Río Grande ordenó cautelarmente a Rockhopper y Navitas suspender las actividades vinculadas con Sea Lion.
Londres reafirmó que no reconoce jurisdicción argentina sobre las empresas que operan en las islas y que continuará respaldando su actividad económica, incluida la explotación de hidrocarburos.
La resolución 2065 de la Asamblea General reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llamó a ambos gobiernos a encontrar una solución negociada. En 1973, la resolución 3160 reclamó acelerar las negociaciones. Tres años después, la resolución 31/49 pidió a ambas partes abstenerse de adoptar decisiones que implicaran introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera pendiente.
La Asamblea General de las Naciones Unidas es uno de los ámbitos donde la Argentina podría ampliar su respuesta. Una iniciativa específicamente centrada en Sea Lion permitiría reafirmar las resoluciones existentes y volver a colocar la negociación entre ambos gobiernos en la agenda internacional.
Las recientes declaraciones de Donald Trump introdujeron un elemento nuevo, al ofrecerse a intervenir en la controversia. No constituyen un cambio formal de la posición estadounidense y deben leerse también en el contexto de sus crecientes diferencias con Londres, pero muestran que la cuestión Malvinas ha vuelto a ingresar en la conversación política internacional.
Existe otro terreno que la Argentina debería explorar: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convemar. Entre 2007 y 2011, como representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, acompañé directamente la presentación que nuestro país realizó en Nueva York a partir del trabajo científico, técnico y jurídico de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla).
Frente a Sea Lion, la Argentina debería explorar, en el marco de la Convemar, una vía circunscripta a la explotación unilateral de los recursos naturales del área en disputa. La cuestión de fondo –la soberanía sobre las Islas Malvinas– permanece en el ámbito de la controversia bilateral reconocida por las Naciones Unidas.
La Argentina y el Reino Unido son partes de la Convención. Si correspondiera, la Argentina podría solicitar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales mientras se sustancia el procedimiento.
La República de Mauricio mantuvo durante décadas una disputa con el Reino Unido por el archipiélago de Chagos. En 2010 inició un arbitraje bajo la Convemar por la creación británica de un área marina protegida. El tribunal no aceptó utilizar la Convención para decidir quién tenía soberanía sobre Chagos. Mauricio recurrió después a la Asamblea General de las Naciones Unidas; esta solicitó una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, que se pronunció en 2019. La acumulación de instrumentos jurídicos y políticos terminó modificando el escenario.
Sea Lion necesita capital, bancos, aseguradoras, proveedores, buques y empresas de servicios. Un proyecto sometido a controversias internacionales y procedimientos arbitrales opera bajo condiciones diferentes de uno que avanza en un escenario de aparente normalidad jurídica.
La internacionalización de la disputa también modifica el cálculo político: obliga al Reino Unido a responder en otros ámbitos y eleva el costo de pretender que la negativa a negociar pueda convivir indefinidamente con sus decisiones unilaterales en el área en disputa.
Chagos mostró que la acumulación de instrumentos puede modificar el escenario. La Argentina debe hacer lo mismo. El petróleo es un recurso no renovable. Hay que actuar antes del primer barril. Después, puede ser tarde.